La trama de corrupción por el desvío de fondos en la Armada Argentina adquirió una dimensión mucho mayor a la prevista inicialmente. Las maniobras ilícitas investigadas por la Justicia federal revelan que el desfalco presupuestario ya sobrepasa los $2.000 millones, repartidos de forma discrecional e ilegal durante al menos cuatro años.
La causa penal avanzó formalmente en los tribunales federales a instancias del fiscal Ramiro González, bajo la órbita del juez Sebastián Ramos. Los primeros sumarios internos indicaban irregularidades por $1.000 millones distribuidos entre 23 sospechosos, pero las pericias posteriores detectaron que solo siete personas se quedaron con $1.200 millones.
Los cobros irregulares beneficiaron a personal en actividad, civiles elegidos discrecionalmente, jubilados y exmarinos dados de baja de la fuerza. Frente a este panorama, el jefe de la fuerza, el Almirante Juan Carlos Romay, ordenó profundizar la investigación interna caratulada como confidencial y muy urgente.
Confesiones y maniobras bancarias
En el centro de las operaciones se encuentra el Capitán de Navío Ariel Baltazar Atanasoff, extitular del Departamento Revista. Según los registros oficiales, “declara haber sido el responsable directo de incorporar manualmente registros e incrementos importantes en los archivos bancarios en forma desvinculada de las liquidaciones oficiales”.
En su descargo, el oficial argumentó que buscaba otorgar apoyos económicos ante los bajos sueldos, aunque reconoció acreditaciones directas a su cónyuge y a otros tres particulares sin vínculo con la fuerza. Su esposa, María del Carmen Prieto, recibió más de $300 millones transferidos de manera ilegal.
En idéntica situación irregular figuran otras civiles como Natalia Yahia, a quien se le acreditaron $161 millones, y Amalia Díaz, quien percibió $120 millones de fondos públicos.
Varios oficiales subalternos que operaban en el área también prestaron declaración. El Capitán de Corbeta Cristian Lobato admitió haber percibido más de $70 millones adicionales, pero afirmó ante sus superiores que no devolvió el dinero por considerarlo un error bancario. Bajo esa misma justificación se ampararon Gerardo Heredia, Mathias Agustín Pieroni y Anabella Farías.
Por su parte, el Capitán de Corbeta Juan Carlos Barrios alegó apremios por deudas personales, mientras que Leonardo Álvarez reconoció transferencias por $24 millones. En tanto, el Capitán de Corbeta Roberto Castro, destinado a una misión humanitaria en Colombia con sueldo de un organismo internacional, cobró en simultáneo en el país unos $54,5 millones.
Denuncia interna y suspensiones
El circuito clandestino comenzó a desmoronarse gracias a una teniente de apellido Acuña. Durante el verano, aprovechando la licencia de los jefes, la uniformada alertó sobre los pagos ilícitos al Jefe de Administración Financiera, Carlos Alberto Castro Maggio.
Tras confirmarse las irregularidades, Romay dispuso la suspensión de nueve capitanes de corbeta, un Suboficial Primero y un Capitán de Navío. Asimismo, otros 18 efectivos permanecen bajo sumario administrativo previo al pronunciamiento del Consejo Disciplinario.
Las autoridades rastrearon liquidaciones sistemáticas desde julio de 2022, aunque no descartan maniobras previas. Como parte del desfalco involucra a personas ajenas a la institución castrense o en situación de retiro, las sanciones de fondo dependerán del avance del proceso penal en los tribunales de Comodoro Py.
