La investigación por corrupción en Arsat sumó un pedido contundente de procesamiento para el expresidente de la firma estatal, Facundo Leal, junto a otras nueve personas por el direccionamiento sistemático de contrataciones públicas en beneficio de Argentina Logistic Services SA (ALS).
El expediente se encuentra formalmente a estudio del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, tras el requerimiento presentado por el fiscal Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
Para los fiscales del caso, las explicaciones brindadas por los acusados “son vanos intentos de mejorar la situación procesal” y remarcaron que el material reunido cuenta “con una carga probatoria pocas veces vista”.
En su dictamen, los representantes del Ministerio Público solicitaron la prisión preventiva para Leal, quien actualmente cumple arresto domiciliario tras ser procesado en otra causa vinculada al hallazgo de estupefacientes y casi 2,5 millones de dólares durante los allanamientos.
Contratos direccionados y maniobras fraudulentas
Según la acusación judicial, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, directivos estatales y empresarios pactaron un esquema para adjudicar 12 contratos irregulares de transporte, grúas y alquiler de depósitos.
A través de estos acuerdos, la firma ALS percibió sumas que alcanzaron 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos, cifras que la fiscalía computó como perjuicio directo a las arcas públicas.
Las maniobras comenzaron el 1° de noviembre de 2020, cuando el intermediario Santiago Pando contactó al directivo Diego Padilla para que se comunicara con Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat.
Posteriormente, tras una reunión formal el 21 de diciembre, Padilla coordinó con su colaboradora Sofía Varela Vizgarra: “Viene todo perfecto. […] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”, detalló.
Los fiscales señalaron que la referencia a “los muchachos” aludía de manera directa a los funcionarios de la empresa satelital.
Meses después, el 14 de mayo de 2021, la firma privada formalizó el alquiler del predio en San Fernando a través de Gastón Padilla, mientras en simultáneo se creaba una cuenta de correo ficticia a nombre de la empresa Tradelog.
El material secuestrado en el allanamiento del 28 de mayo pasado evidenció que las tres supuestas ofertas en competencia fueron creadas por la misma compañía adjudicataria en un rango de 43 minutos.
Asimismo, los archivos digitales de las competidoras registraban modificaciones del comprador interno Juan Antonio Álvarez, lo que acreditó la simulación de los concursos de precios.
Cruces de comunicaciones y pagos de sobornos
El esquema de retornos quedó expuesto tras los pagos realizados el 12 de mayo de 2022, tras los cuales el presidente de la firma, Fernando Paredes, le aseguró a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”.
Previamente, el 2 de marzo de 2022, los imputados habían coordinado fondos “para llevarle a Arsat”, indicando textualmente: “Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000”.
Paredes respondió que disponían de fondos operativos y de alquiler, y remarcó: “Esto es para Pando por negocio Arsat”.
Los investigadores subrayaron que estas anotaciones separadas desarman el argumento de que los pagos correspondían únicamente a comisiones comerciales.
Frente a las acusaciones, Leal sostuvo que no existe prueba de su injerencia personal y rechazó la responsabilidad penal derivada de su función.
Sin embargo, las pruebas documentaron mensajes donde Pando le transmitió a Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas […] Que inventes”, tras lo cual Boschin confirmó que el trámite estaba “a la firma de Facu”.
En su rol de gerente general, Leal aprobó en noviembre de 2022 la contratación directa y rubricó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.
Hacia 2024, tras ser nombrado responsable de Compliance, Leal increpó a Boschin sobre Padilla señalando que era “tu amigo” y que se había “ido de boca en la fiscalía”.
Para el Ministerio Público, el hecho de que el responsable de integridad fuera “uno de los principales protagonistas” demostró el nivel de institucionalización de la corrupción.
El registro de celdas telefónicas ubicó a los acusados compartiendo encuentros en la estación terrena de Benavídez y en un local gastronómico en octubre de 2024.
Asimismo, la declaración del chofer Tomás Scalera Juárez y otros empleados ratificaron las visitas y el trato cercano entre los investigados.
El propio chofer declaró que Padilla “se juntaba con Leal en el rulero”, y relató el traslado de valijas pesadas hacia Mendoza que coincidieron con el equipaje secuestrado con dinero en efectivo.
La fiscalía formalizó además pedidos de procesamiento sin prisión preventiva para Pablo Pagani, Gerardo Boschin y otros colaboradores por administración fraudulenta y cohecho, junto a la aplicación de la ley de responsabilidad penal para ALS SA y la traba de embargos.
