En la recta final de Corredores Viales y acceso a la información pública, la empresa estatal que administra corredores nacionales dejó sin responder el detalle de gastos, viáticos y rendiciones solicitado por ley, mientras avanza hacia su proceso de liquidación.
Corredores Viales S.A. redujo casi a la mitad su personal y argumentó que no está en condiciones de procesar la documentación requerida, que incluía gastos, cajas chicas, adelantos, reintegros, viáticos y rendiciones desde el 10 de diciembre de 2023.
En una respuesta oficial, la compañía sostuvo que atraviesa una situación operativa que le impide realizar el relevamiento y desglose de toda la documentación reclamada, en un contexto en el que se acelera el traspaso de las rutas a nuevos concesionarios privados.
“La dotación de personal de esta empresa sufrió una reducción de casi la mitad de sus agentes”, afirmó Corredores Viales, al remarcar que la totalidad del personal administrativo y técnico que permanece en funciones se encuentra “exclusivamente abocado” al traspaso de trazas, la confección de inventarios y las rendiciones finales.
Un pedido amplio y una respuesta incompleta
El pedido de información buscaba conocer cómo fueron utilizados distintos mecanismos de gasto de la compañía desde el 10 de diciembre de 2023, incluyendo tarjetas corporativas, fondos fijos o rotatorios, cajas chicas, adelantos, viáticos, reintegros y la documentación respaldatoria correspondiente.
Pero la empresa no entregó ese detalle. En lugar de aportar planillas o archivos, se limitó a invocar una “imposibilidad fáctica” para procesar los datos.
Corredores Viales explicó que la “enorme amplitud temporal y material” de la documentación, sumada a la reducción de la estructura y al proceso de liquidación, genera esa imposibilidad para destinar personal a revisar los registros sin afectar las tareas vinculadas al traspaso de las rutas.
La única precisión concreta estuvo vinculada con las tarjetas corporativas, uno de los puntos sensibles del requerimiento.
Tarjetas corporativas y un período sin aclarar
Corredores Viales aseguró que “la Intervención no ha dispuesto tarjetas corporativas para el uso de las autoridades, síndicos, gerencias, funcionarios ni personal de la empresa”, y posteriormente afirmó que esos instrumentos son inexistentes.
Sin embargo, la contestación deja un período clave sin aclarar: la intervención de Corredores Viales comenzó en abril de 2025, mientras que la información solicitada se remonta a diciembre de 2023.
Por esa razón, la respuesta no permite establecer si la empresa tuvo tarjetas corporativas antes de la llegada de la Intervención, si existieron otros instrumentos equivalentes ni cuáles fueron los mecanismos utilizados para afrontar determinados gastos durante ese período.
Tampoco fueron acompañadas hasta el momento las planillas o archivos existentes sobre cajas chicas, fondos, adelantos, reintegros, viáticos y otras rendiciones, que constituían uno de los principales puntos del requerimiento.
Un final anunciado y un vacío documental
La respuesta llega en un momento decisivo para la sociedad estatal. Corredores Viales señaló que el Ministerio de Economía adjudicó los tramos correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones y que avanza la Etapa III.
Según la propia empresa, una vez concretado el traspaso de los corredores restantes ingresará “formal e indefectiblemente” en proceso de liquidación, lo que marcará el final de su etapa como administradora estatal de rutas nacionales.
El argumento oficial genera además una particular situación administrativa: la empresa sostiene que no cuenta con recursos humanos para revisar y entregar la documentación solicitada, mientras reconoce que el personal restante está actualmente confeccionando inventarios y rendiciones finales para cerrar la compañía.
La respuesta podría derivar ahora en un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, dado que la legislación permite que los organismos entreguen los documentos existentes en el estado en que se encuentren, sin necesidad de generar nuevos informes o procesamientos especiales.
Así, mientras avanza el final de Corredores Viales como empresa estatal, continúa sin conocerse el detalle documental de una parte de los mecanismos utilizados para afrontar gastos desde diciembre de 2023.
