Coparticipación: ¿la previa de Provincia vs. Nación?
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución a través del que se solicita al Poder Ejecutivo que requiera a la Fiscalía de Estado que promueva acciones judiciales reclamando a la Nación el 15 por ciento que retiene de la masa coparticipable como consecuencia del pacto fiscal que “ya no hay fundamentos que sustenten la vigencia de este pacto fiscal”.
En el citado proyecto se solicita al Poder Ejecutivo que requiera a la Fiscalía de Estado “la promoción de acciones judiciales para reclamarle a la Nación la devolución del 15 por ciento que retiene de la masa de impuestos coparticipables” que fija el artículo segundo de la ley 23.548 para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales por aplicación de la cláusula primera del Pacto Fiscal que firmaron en agosto de 1992 el entonces gobernador Mario Moine y el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El proyecto, impulsado por la bancada peronista, asegura en sus fundamentos que tiene como objetivo reinstalar el debate acerca del “federalismo fiscal como tarea inconclusa de la reforma nacional en 1994”y asegura que esa discusión “es imperiosa por el carácter cada vez más centralista del Estado, con la consiguiente pérdida de autonomía de las provincias”.
El texto asegura que hoy “ya no existen razones valederas para esa apropiación” porque – refuerza – “debemos empezar a desmontar el dispositivo de centralización de recursos y asignación arbitraria de medios”.
Los fundamentos, que marcan el mandato constitucional de la reforma nacional en 1994, recuerdan que los cambios debían producirse antes de la finalización del año 1996 y aunque advierte que esa mecánica “es tan sólo una de los cinco sistemas clásicos posibles” marca que “desde 1994 hay un avance hacia el sistema de transferencias condicionadas”.
“La coparticipación –añade- es el más importante mecanismo de asignación de recursos públicos para la ejecución de políticas” pero “los criterios de distribución han sido determinados por leyes convenios o pactos fiscales que no han considerado las competencias, servicios o funciones o lo que cada jurisdicción aporta”.
“En un régimen federal de gobierno no es admisible un sistema centralista que implique la renuncia, al menos transitoria, de las provincias al ejercicio del poder tributario sobre los denominados impuestos coparticipables. Esto – añaden- afecta sin dudas la autonomía constitucionalmente consagrada y los mismo podría decirse de los municipios en relación a las provincias y la Nación”, sostienen los diputados.
La extensa fundamentación también advierte que “ya no hay fundamentos que sustenten la vigencia de este pacto fiscal y que las provincias no pueden seguir financiando un órgano previsional nacional por cuanto las AFJP se re estatizaron y ello trajo como consecuencia la apropiación de fondos y activos por sumas multimillonarias” dice entre otros conceptos el texto que trataron los diputados.