La comunidad educativa definió una nueva medida de fuerza nacional y convocó a la quinta marcha federal universitaria, que tendrá lugar el próximo jueves 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, marcando un cambio de escenario respecto a las movilizaciones previas tras el fracaso paritario y el recorte en el proyecto presupuestario.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron la postura del sector: “Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, manifestaron al convocar a la protesta.
🗣 Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional pic.twitter.com/al0wz7aLR5
— CIN (@CINoficial) September 17, 2026
En ese marco, los gremios profundizaron el plan de lucha y anunciaron paros para este viernes y el próximo martes, sumado a una medida escalonada de 23 días impulsada por sindicatos de la UBA que se extenderá entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre con ceses rotativos de actividades.
Al respecto, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, apuntó contra la postura del Ejecutivo: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, sostuvo.
Y concluyó: “Saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”, anticipó el dirigente gremial.
Tensión salarial y debate presupuestario
La medida fue ratificada luego de que la administración central ofreciera en la mesa paritaria apenas un 3% exigido por la vía judicial, mientras los gremios reclaman una recomposición del 35% para recuperar el poder adquisitivo frente a los registros de diciembre de 2023.
El conflicto se arrastra desde 2024 tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, norma que luego fue ratificada e insistida por el Senado en octubre de 2025, trasladando la disputa a la exigencia de su cumplimiento efectivo.
Por su parte, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla una partida global de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores nucleados en el CIN exigen $11 billones al argumentar que el gasto salarial asciende a $8,368 billones.
