Controles de la AFIP a operadores agropecuarios de Santa Fe y Buenos Aires por millonaria diferencia impositiva y granos sin declarar
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), llevó adelante acciones de control en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires sobre operadores de la cadena agrocomercial que permitieron desarticular irregularidades con granos.
El organismo conducido por Carlos Castagneto incautó en una planta de acopio más de 900 toneladas de cereales sin documentación de respaldo por 88 millones de pesos y realizó un millonario ajuste de inspección a una fabricante de alimentos balanceados.
Agentes de la DGI inspeccionaron una planta santafesina dedicada a la elaboración de alimento para ganado bovino. Las tareas de fiscalización se focalizaron en las operaciones de compraventa de granos utilizados como insumo. El análisis de la documentación arrojó que una parte de ellas había sido adquirida a proveedores sin capacidad económica ni financiera para la actividad. Además determinaron la existencia de 58 toneladas de maíz partido cuya propiedad no pudo ser respaldada.
Las inconsistencias detectadas dieron lugar a la interdicción de los granos y su posterior subasta en la ciudad de Santa Fe por 3.950.000 pesos, que fueron puestos a disposición del Tesoro Nacional. Por otro lado, se determinaron ajustes impositivos por 30 millones de pesos.
Por su parte, en la localidad bonaerense de General Pirán, el personal de la AFIP llevó a cabo una fiscalización presencial en una planta de acopio. Mediante el cubicaje, se constataron diferencias con el stock declarado y se logró identificar mercadería que no contaba con las cartas de porte electrónica correspondientes ni figuraban en los registros.
A raíz de estas irregularidades, la DGI incautó 563 toneladas de soja y 353 de girasol. El volumen equivale a la capacidad de carga de 30 camiones, con un valor de mercado de 88 millones de pesos.
Estos procedimientos forman parte de las tareas de fiscalización y control sobre grandes plantas y establecimientos agropecuarios para evitar maniobras fraudulentas que redunden en evasión fiscal e impacten negativamente en la recaudación impositiva y generen competencia desleal para los productores que cumplen con la normativa vigente.