Contratos truchos en la Legislatura: la Fiscalía solicitó prisión preventiva para últimos aprehendidos
Se realizó este jueves a la mañana la audiencia de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos legislativos en los últimos 10 años. La fiscal Patricia Yedro y la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche argumentaron las razones por las que solicitaron que se dicte la prisión preventiva para Gustavo Pérez y Ariel Faure (que fueron detenidos este martes) hasta tanto se realice la audiencia de elevación a juicio.
Brindaron elementos para tratar de probar que ambos “formaron parte de una mecánica para sustraer fondos públicos” y, tras hacer un raconto sobre cómo comenzó la investigación (en un cajero automático se encontró a tres personas con varias tarjetas retirando dinero), las fiscales trataron de demostrar los vínculos que Bilbao, Hugo Mena y Flavia Beckman tenían con ambos.
Mostraron anotaciones que había en cuadernos que fueron secuestrados en las viviendas de los detenidos y en los que aparecen las iniciales GH y dijeron que podría tratarse de Pérez porque así es su primero y segundo nombre. También encontraron “fotocopias de cheques firmados por Pérez que había en la casa de Beckman”.
Además, mails que dan cuenta que Faure “pagaba los monotributos y gestionaba las claves fiscales de los contratados”. Luego dieron cuenta de la presunta sociedad que une a Pérez con Bilbao en torno a inversiones inmobiliarias.
Al momento de brindar los argumentos para solicitar la prisión preventiva, las fiscales manifestaron que “los dos son partícipes en esta maniobra de sustracción de fondos públicos y realizaron maniobras para entorpecer el accionar de la Justicia”.
“Pérez sigue teniendo una gran influencia dentro de la Casa de Gobierno, aunque haya renunciado a su cargo”, señalaron. Y hablaron del “enorme poder económico” que tiene, de la utilización de “testaferros” y de que está presente el riesgo de fuga. En este sentido, indicaron que había solicitado una visa para viajar a Estados Unidos.
Volviendo a las pruebas contra Faure, manifestaron que el 3 de octubre fueron a allanar el estudio contable de calle Alameda de la Federación 290 4º B y “estaba vacío”. En tal sentido, mostraron imágenes de las cámaras de seguridad del edificio “en las que se observa a personas el 25 de septiembre y el 2 de octubre sacando las cosas que estaban en el estudio contable”.
De este modo, insistieron en que “se realizaron maniobras concretas de ocultamiento” y remarcaron el pedido de prisión preventiva porque “se dan todas las condiciones para disponer el encarcelamiento de ambos imputados hasta la audiencia de elevación a juicio.
Tras asegurar que “hay un caudal probatorio importantísimo en la causa”, adelantaron que les cabría una pena efectiva que superaría los 10 años”.
Encendida defensa del abogado Miguel Ángel Cullen
El abogado de Gustavo Pérez, Miguel Ángel Cullen, puso énfasis inicialmente en que ésta no era “una audiencia de imputación de cargos”.
Criticó que las pruebas se hayan basado en “anotaciones de nombres, sobrenombres y números en cuadernos” y, en tal sentido se preguntó “cuántos Gustavos hay” e ironizó: “Gustavo también se llama el gobernador, lo hubiesen traído y le dictaban la prisión preventiva”.
Fue en este marco que el abogado defensor aseveró que “es abrumadora la orfandad de pruebas concretas”. También cuestionó que se haya tomado como prueba una “entrevista a un constructor que dijo que Pérez y Bilbao eran socios” sin la participación de la defensa: “No tenemos la posibilidad de controlar los actos productores de prueba”.
Luego sostuvo que “la Fiscalía no hizo hincapié en el crecimiento patrimonial de Pérez” y negó la existencia de testaferros porque “aparecen los nombres de su esposa y el de él mismo en los bienes. Nunca quiso ocultar nada”.
“Todo se está investigando en base a una hipótesis que no existe”, enfatizó, al tiempo que arremetió: “Hubo, por parte de la Fiscalía, una alegación muy fracturada de la prueba”.