Conflictos por falta de colectivos: Para la Defensoría del Pueblo, las empresas violaron la concesión
“Es una manera de presionar por el aumento del boleto, y creemos que no es el método”, expresó el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, sobre la decisión de las firmas Mariano Moreno y ERSA de reducir las frecuencias en el servicio de colectivos. Pidió al Ejecutivo municipal que informe qué medidas tomará para normalizar el servicio y qué sanciones aplicará a las empresas.
A primera hora de este lunes la Defensoría del Pueblo de Paraná remitió una nota al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Ricardo Frank, para que informe si autorizó a Buses Paraná (integrada por las empresas Mariano Moreno y ERSA) a reducir las frecuencias en las distintas líneas del colectivo urbano e interurbano de pasajeros, y también reducir la cantidad de unidades en la calle. “Queremos saber si eso que publicó Buses Paraná fue autorizado por la Secretaría de acuerdo a los artículos 2 y 34 de la ordenanza 9462 (Marco Regulatorio del transporte urbano de pasajeros) o si lo hicieron en forma unilateral”, detalló Garay.
Un segundo punto de la nota enviada a Frank señala que, “suponiendo que la decisión de las empresas haya sido unilateral, cuáles son las medidas que va a tomar el Ejecutivo para normalizar el servicio y, por otro lado, cuáles son las sanciones aplicables a la concesionaria, de acuerdo a lo que dice el artículo 32 del marco regulatorio”, consignó.
El artículo 32º establece que “es obligación primordial del concesionario la de prestar el servicio en forma regular y continua. El que interrumpiera el servicio sin causa justificada, será pasible de las penalidades y sanciones previstas”.
“Entendemos que acá hay una violación de la norma de parte de la empresa”, puso de relieve Garay. “Lo escuchamos a Frank por los medios diciendo que el Ejecutivo no lo autorizó”, precisó y subrayó que, en ese caso, ahora esperan que el Ejecutivo informe a la Defensoría “cuáles van a ser las sanciones” ya que “la normativa incluso habla de la caducidad de la concesión”.
“A simple vista, a nosotros como Defensoría nos parece que es una manera que está teniendo la empresa para presionar por el aumento del boleto, y creemos que no es el método”, enfatizó el Defensor ante requisitoria de los colegas de APF.
“Acá hay un perjuicio concreto hacia los usuarios, por lo que entendemos que todas las instituciones que formamos parte del SITU (Sistema Integral Transporte Urbano) tenemos que encontrarle una solución al tema, sin ceder en cuanto a lo que establece la normativa, es decir, que cualquier aumento de boleto debe ser determinado en el Concejo Deliberante”, manifestó Garay.
Posteriormente acotó: “Hemos buscado en todos lados si hay algún articulado que los autoriza a tomar esta medida unilateral, y no lo encontramos. El artículo 2º es muy claro: el poder de policía y de aplicación lo tiene el Ejecutivo municipal. Si ellos no autorizan, (las empresas) no pueden tomar esta medida”.
“Entendemos que haber informado la decisión a través de las redes sociales y de algunos medios de prensa, es una provocación a la reacción. No hay que caer en la actitud de tomar de rehenes a los usuarios, bajo presión”, dijo el Defensor. Agregó que “eventualmente hay que pensar en un plan B: si se termina la concesión o si los empresarios deciden irse, cuál será la postura del Ejecutivo para empezar a buscar reemplazos para la ciudad”.
Finalmente, indicó: “Creemos que hay etapas formales que se deben cumplir, con multas y llamados de atención. Nadie está intentando perjudicar a una empresa en particular, lo que queremos es que el servicio funcione bien. Y hace muchos años que no funciona bien: las quejas vienen de años atrás, sobre todo en el tema frecuencias”.