En medio del conflicto portuario, el Gobierno dispuso una rebaja del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, como parte del acuerdo alcanzado con el sector para levantar el paro que había paralizado la operatoria en los puertos.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó la medida a través de la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, en el marco de los compromisos asumidos para descomprimir la crisis que afectó la actividad fluvial y marítima en los últimos días.
Según se precisó, la normativa operacionaliza técnicamente el descuento acordado: la quita del 20% se aplicará directamente sobre el resultante de los cálculos del “Régimen de Tarifas Máximas” que se encontraba vigente desde el año 2018.
Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante manifestaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario, en el marco del entendimiento general alcanzado con el Ejecutivo.
La rebaja tarifaria entra en vigencia de manera inmediata y tendrá carácter provisorio, limitada estrictamente al período en que se mantenga la suspensión temporal de la reforma del practicaje dispuesta por el Gobierno nacional.
El origen del conflicto: una desregulación que no avanzó
El conflicto en el sector portuario se desató a partir de la desregulación del reglamento de practicaje vigente desde 1991, instrumentada mediante el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.
A través de esa norma se eliminaban regulaciones consideradas obsoletas, con el argumento de remover barreras y facilitar el ingreso de nuevos prestadores al mercado de practicaje y pilotaje.
Sin embargo, la entrada en vigencia de la reforma regulatoria fue rechazada de plano por los prestadores del servicio, que respondieron con medidas de fuerza que pusieron en jaque el normal funcionamiento del transporte fluvial y del comercio exterior.
Ante el riesgo de una paralización mayor, el Gobierno decidió suspender de manera temporal los efectos de la reforma y restituir el marco regulatorio anterior para garantizar la continuidad del servicio esencial de practicaje, decisión que se formalizó mediante el Decreto 716/2026.
En ese marco, y tras una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, las partes acordaron reanudar el servicio en condiciones regulares a cambio de suspender la desregulación, crear una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento y aplicar una baja inmediata del 20% en los aranceles de practicaje.
