Confirman el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y se reactivan causas por corrupción y vacunas
La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, dejándolo en condiciones de afrontar un juicio oral. La decisión fue tomada por la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico se pronunció en disidencia.
Fernández quedó procesado por “lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas”, y se le confirmó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes. Además, fueron rechazados los pedidos de nulidad presentados por su defensa.
El juez Irurzun sostuvo en su resolución, de 82 carillas, que “es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras”.
Los fundamentos del fallo
Los hechos ocurrieron en la Quinta Presidencial de Olivos, un lugar “fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández”, señaló Irurzun. En ese contexto, el juez indicó que la víctima fue obligada a permanecer recluida en un espacio para huéspedes y mantenía un alto grado de aislamiento, asistida únicamente por familiares que luego declararon en la causa. “Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental”, subrayó.
La sentencia remarca que Yañez se encontraba en una notoria situación de desigualdad de poder, tanto dentro como fuera de la pareja. En ese marco, el juez afirmó que sus acciones buscaban algún tipo de auxilio ante una situación que efectivamente había sucedido y podía repetirse.
La Cámara confirmó así la resolución del juez federal Julián Ercolini, con intervención del fiscal Ramiro González, mientras que el camarista Boico votó por dictar falta de mérito y continuar con la investigación.
Otras causas abiertas contra Fernández
En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello volvió a disponer la inhibición general de bienes del expresidente y de otros más de cincuenta imputados en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por parte del Estado durante su gestión. La medida incluye cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones, plazos fijos y cajas de seguridad.
El juez justificó la decisión argumentando que existe un “estado de sospecha suficiente” ya que los involucrados fueron indagados por hechos vinculados a la criminalidad económica y corrupción. La reimplantación de la inhibición busca asegurar el juicio y evitar que se frustre la ejecución de una eventual sentencia.
Entre los imputados se encuentran el broker Héctor Martínez Sosa, señalado como beneficiario de las maniobras, y su esposa María Cantero, ex secretaria privada del entonces mandatario. Todos ya habían sido indagados por el juez Ercolini, quien subrogó el juzgado federal 11 antes de ser reemplazado por Casanello.
Reapertura de la causa Pfizer
En otro frente judicial, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la investigación sobre la fallida negociación con el laboratorio Pfizer por vacunas contra el COVID-19, durante el gobierno de Fernández.
La Sala I del Tribunal de Apelaciones, con los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó el archivo de la causa al hacer lugar a una apelación del fiscal Carlos Stornelli, quien advirtió que persisten dudas sobre las negociaciones entre el Estado argentino y la farmacéutica.
El tribunal señaló que “la investigación no profundizó lo suficiente en los procesos de adquisición ni en la comparación con los tratos realizados con otros laboratorios”, lo que impide descartar tratos desiguales o la comisión de ilícitos.
La denuncia fue presentada por varios diputados nacionales, entre ellos Omar de Marchi, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, quienes reclamaron que se esclarezca por qué Argentina no accedió a las vacunas de Pfizer en tiempo y forma, mientras sí firmó acuerdos con otras compañías.
Los jueces concluyeron que el archivo de la causa fue prematuro y ordenaron continuar con la investigación para esclarecer la verdad de los hechos.