En un fallo contundente, la Justicia resolvió que condenan a OSDE a pagar más de $37 millones por el despido de una empleada con 36 años de antigüedad en la compañía. El tribunal determinó que la desvinculación estuvo directamente motivada por los reclamos laborales que la dependiente venía realizando internamente.
La resolución judicial fijó una indemnización que supera los $37,7 millones, monto que integra diversos rubros indemnizatorios, entre ellos la reparación por despido y los daños moral y material reconocidos en el proceso.
El origen del litigio se remonta al momento en que la trabajadora exigió el pago de obligaciones salariales adeudadas, enfocadas en el reconocimiento de su antigüedad y el adicional por presentismo. Lejos de recibir una contestación favorable a su derecho, la respuesta de la prestadora médica fue la cesantía directa.
Frente a esta medida, la damnificada impulsó una demanda formal ante el fuero laboral de Formosa, donde argumentó que la desvinculación constituyó un acto de represalia frente a sus legítimos reclamos.
El fallo de primera instancia
En una primera etapa, el expediente recaló en la Sala III del Tribunal de Trabajo de Formosa, organismo que validó el planteo de la accionante tras determinar que el despido poseía un claro carácter discriminatorio.
A la par de fijar la indemnización principal, los magistrados objetaron la documentación suministrada por la patronal. En ese marco, advirtieron severas irregularidades en el certificado de trabajo aportado por OSDE, ordenando un resarcimiento adicional por los perjuicios generados.
De este modo, el pronunciamiento inicial no solo atendió la arista estrictamente pecuniaria, sino también el impacto personal y moral que provocó la conducta de la firma.
Ratificación del Superior Tribunal de Justicia
Disconforme con la resolución, la compañía elevó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa con la intención de revertir la condena.
No obstante, el máximo tribunal provincial desestimó la queja a través del fallo N.º 6784, ratificando de punta a punta el pronunciamiento previo e imponiendo las costas y honorarios a la empresa demandada.
Con este pronunciamiento de última instancia, quedó ratificado que la expulsión laboral respondió a una represalia patronal, obligando a la compañía a asumir los costos económicos y extrapatrimoniales de su accionar.
Límites a las represalias laborales
La sentencia marca un precedente relevante respecto a la tutela efectiva de quienes exigen el cumplimiento de la normativa laboral. Los magistrados concluyeron de manera unánime que existió un nexo causal directo entre los reclamos salariales y la posterior cesantía.
La empleada contaba con más de tres décadas y media de servicios ininterrumpidos en OSDE y solo pretendía el cobro adecuado de sus haberes. Tras recorrer las instancias judiciales, la cifra final a percibir sobrepasará los $37,7 millones.
De esta forma, la Justicia formoseña clausuró el debate legal y dejó firme una sanción ejemplar frente a conductas empresariales lesivas y discriminatorias en el ámbito del trabajo.
