Concursos y quiebras: expertos legales advierten que la ola más grande recién se está armando
En los días que corren, los despachos de los abogados pueden ser un mejor lugar para predecir la economía. A fin de cuentas, fue allí que se encendieron las primeras luces de alarma, hace medio año, sobre el movimiento inusual de empresas que se preparaban para ingresar en concurso preventivo o, directamente, pedir la quiebra.
Ese nerviosismo ante lo que parecía un primer síntoma de recesión se vio justificado por la ola de empresas concursadas que se está viendo actualmente. La caída del consumo local primero y el encarecimiento del costo de financiamiento después, hicieron inviables a muchas empresas.
Los números son contundentes: según un relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a información publicada en el Boletín Oficial de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2018 hubo 2.982 empresas que acudieron a la justicia para solicitar la quiebra o bien para iniciar una convocatoria de acreedores que permitiera reestructurar la compañía.
En materia de quiebras, hubo una suba del 19% desde que inició la gestión de Mauricio Macri: se pasó de un número de 666 quiebras en 2016, a 716 en 2017 y a 795 en 2018. Y en cuanto a los concursos preventivos, en 2016 fueron 210, en 2017 llegaron a 227 y en 2018 alcanzaron los 368, un 75% más en tres años.
Pero el tema no se agota en estos números. Porque, a juzgar por lo que está ocurriendo hoy en esas oficinas de abogados, hay una nueva mala noticia: la verdadera ola de concursos y quiebras todavía está por llegar, y se está armando ahora mismo en los despachos legales.
De acuerdo a los especialistas consultados por iProfesional, esto se debe a que muchas empresas recién ahora están terminando de recibir de manera directa el impacto de la devaluación que llevó el dólar de los 20 a los 40 pesos.
Pero este escenario está muy lejos de encontrar la puerta de salida. Ocurre que las firmas que lograron capear la tormenta del dólar no quedaron totalmente indemnes: comienzan a sufrir las consecuencias de la profundización de la caída de la actividad económica y el consumo.
Esto, en los hechos, implica que se sumarán a la lista más firmas que piden ingresar a concurso para tratar de sostener su vida económica.
Desde los tribunales comerciales reconocen la existencia de esta situación y consideran, al igual que el informe del CEPA y la opinión de los especialistas, que esta situación irá agravándose.
Y advierten que puede haber algún empresario que, viendo que la empresa no obtiene los resultados deseados, busque la manera de llegar a ir al concurso aun no estando en cesación de pagos.
En este sentido, señalan que los artículos 177 y 179 del Código Penal reprimen con penas de prisión de un mes a un año al comerciante y de uno a cuatro años al deudor no comerciante. Por ese motivo, se puede terminar imputado e incluso condenado en los tribunales penales por haberse “tirado a la pileta” y presentado un concurso o quiebra sin haber cumplido las condiciones para hacerlo.
La rueda de consultas a los asesores legales sigue girando para los empresarios. Si bien saben que es una decisión difícil, porque muchos hombres de negocios esperan un cambio de escenario o mejor suerte, los abogados recomiendan clarificar la situación lo antes posible.
“Un punto adicional es que, dado que el proceso concursal constituye una instancia previa que puede derivar en una declaración de quiebra, la evolución reciente de los primeros presenta esperables incrementos en los quebrantos en los próximos meses, considerando el incremento sustancial de concursos preventivos registrados el tercer y cuarto trimestre de 2018”, agrega el documento del CEPA.
En este escenario, Jorge Grispo, titular del estudio que lleva su apellido destaca que “el concurso permite proteger a la empresa y dejarla en marcha. Es una decisión más de negocios. Si la toma a tiempo, el empresario puede obtener mejores resultados”.
Es que, por ejemplo, si se deben 100 millones de pesos, ese monto queda congelado al momento de presentarse el concurso y el empresario tiene dos años para ponerse de acuerdo con los acreedores, ya sea en reducción de deuda o de plazos de pago. Además, se suspende el interés de la deuda con los bancos.
Pero los directivos responsables deben asesorarse bien. Al entrar en concurso, se embargan las cuentas y se pueden llegar a suspender los contratos para asegurar los pagos. Por ese motivo, el margen de maniobra para la firma será estrecho.
Un escenario complicado
¿Cuánto más puede agravarse la situación de concursos preventivos y quiebras? Los expertos dicen que es difícil arriesgar cifras pero que, según el movimiento que se está observando, podría duplicarse la cantidad de casos.
Por lo pronto, establecen comparaciones con otras recesiones del pasado reciente, de manera de tener una referencia para evaluar el potencial de incremento de estos casos.
Para empezar, ubican a la actual recesión como la segunda más grave en lo que va del siglo: todavía muy por debajo de la debacle de 2001, pero ya por encima de los tres años recesivos que se vivieron durante la gestión de Cristina Kirchner.
Lo cierto es que en las recesiones de 2009, 2012 y 2014, se registraron muy pocas empresas en necesidad de concursarse, indica Grispo.
De acuerdo con el informe del CEPA, en el peor momento de la crisis de 2002 entraron en concurso o quiebra, en promedio, 7,8 empresas por día. En tanto, en 2018 lo hicieron 3,2 empresas, aunque solamente considerando la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, jurisdicciones que representan en conjunto el 52% de las empresas registradas en el país.
Esto podría implicar que, si se respetara la proporcionalidad haciendo una sencilla estimación, se trataría de más de seis casos diarios de concursos y quiebras a nivel nacional.
De hecho, la situación no se circunscribe solo al ámbito de los territorios de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. En Salta, de acuerdo a las estadísticas en los juzgados competentes, en 2018 tramitaron 25 concursos preventivos.
En definitiva, las perspectivas no son las mejores. Según el informe del CEPA, las medidas tomadas por el Gobierno y el Banco Central para frenar la corrida cambiaria a partir del 1° de octubre de 2018 –que implican, entre otras decisiones, la elevación de la tasa de interés–, tenderán a exacerbar las dificultades de las empresas en crisis por la dificultad de renegociar los pasivos y reactivar las ventas.