La apertura de concursos preventivos de acreedores se disparó un 131,71% en 2025 y, según un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), 2026 podría “romper el récord que se alcanzó en pandemia” en cantidad de empresas concursadas en el fuero comercial porteño.
El documento de IPA, elaborado en base a datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, detalló que en 2025 se registró la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%.
La entidad advirtió que “la inercia destructiva empeoró en el arranque de 2026”: durante el primer trimestre judicial de ese año, es decir, entre febrero y abril, se abrieron 92 procesos concursales en la jurisdicción porteña.
2026 ya supera años completos de la pospandemia
El informe remarcó que la cifra de 92 concursos en apenas un trimestre ya supera los registros anuales de 2021, 2022, 2023 y 2024 en la misma jurisdicción.
En 2020, durante el pico de la pandemia, se ejecutaron 106 concursos preventivos de crisis, en contraste con los 190 del año pasado o con los 92 contabilizados en solo un trimestre de este año.
Cierre masivo de empresas y fuerte impacto laboral
Desde IPA alertaron sobre “el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero”.
Afirmaron que “la actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026” y que las consecuencias sociales de esta extinción de unidades productivas son dramáticas.
En ese sentido, el informe precisó que 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo como resultado directo de ese proceso de cierres.
Desinversión histórica y salida de multinacionales
El documento de IPA advirtió que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión, que se cristalizó en una pérdida neta de inversión extranjera directa en el sector.
Esa dinámica arrojó un saldo negativo “histórico y sin precedentes”, la primera vez en 22 años que se verifica un resultado de esa magnitud, según el relevamiento.
Frente a la crisis, el informe señaló que “importantes firmas multinacionales abandonaron el país”, mientras que otras empresas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva para adaptarse al nuevo contexto.
Capacidad ociosa y pérdida de capital productivo
El trabajo de IPA indicó que, ante la imposibilidad patrimonial que empuja a las pymes a un “fatal resultado falencial”, se registró una pérdida incalculable de capital con bienes de uso inactivos.
En paralelo, la capacidad ociosa del sector alcanzó el 40,2%, un nivel que el informe vincula con el cierre de plantas y la caída de la actividad.
El documento destacó que “lo más trágico del cierre de fábricas es la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta”, así como la afectación negativa a los stakeholders y al entorno de las empresas, desde proveedores hasta comunidades locales.
Rosato: “No hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas”
El presidente de IPA, Daniel Rosato, sostuvo: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”, advirtió.
Y remarcó: “Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, sentenció.
Reclamo de emergencia económica y medidas urgentes
Rosato reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las pymes.
En esa línea, exigió al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe “en lo inmediato” el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.
Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, IPA reclamó que el Congreso trate el proyecto de ley de emergencia para el sector, con el objetivo de implementar un remedio paliativo y transitorio que permita a las pymes recuperar capital de trabajo.
Según la entidad, esa herramienta legal es clave para frenar un nuevo salto en los cierres y concursos preventivos que hoy se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, pero que podrían profundizarse en el resto del país.
