El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Paraná y reclamó al municipio que ponga en marcha el órgano de control del sistema de transporte público, tras la reciente actualización del valor del boleto.
Desde la bancada opositora advirtieron falta de transparencia y debilidad en los mecanismos de control sobre un servicio considerado esencial para la ciudad.
Pedido de informes por el aumento del boleto
A través de la iniciativa, los ediles solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que brinde los detalles técnicos y económicos que fundamentaron el incremento tarifario del transporte urbano de pasajeros.
En ese marco, remarcaron que toda modificación en el cuadro tarifario “debe estar respaldada por información precisa, verificable y acorde a los parámetros establecidos en la ordenanza vigente”, según expresaron al fijar posición sobre el tema.
Concretamente, requirieron conocer la metodología de cálculo aplicada, la composición actualizada de la matriz de costos y las variaciones registradas desde la última actualización, así como los actuales niveles de prestación del servicio.
Además, pidieron información sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria y la eventual aplicación de sanciones, en caso de detectarse incumplimientos.
“Es indispensable que los usuarios sepan qué están pagando y que el Concejo pueda ejercer plenamente su rol de control”, sostuvieron los concejales opositores, al remarcar la necesidad de contar con informes técnicos que respalden las decisiones del Ejecutivo.
Reclamo por el Órgano de Seguimiento
En paralelo, los representantes de Juntos por Entre Ríos reclamaron la puesta en funcionamiento efectiva del Órgano de Seguimiento del sistema de transporte, previsto en la Ordenanza Nº 10.213, y cuestionaron que, pese a estar contemplado en la normativa, aún no haya sido convocado.
“Esto genera un vacío en el control social y técnico que la ordenanza establece”, advirtieron, al señalar que la inactividad de ese espacio limita la participación y el monitoreo permanente del servicio.
Finalmente, alertaron que la falta de funcionamiento de este ámbito debilita los controles sobre un servicio esencial para la comunidad y reclamaron al Ejecutivo municipal que regularice la situación en un plazo de 15 días, convocando al órgano y garantizando su operatividad.
