Con “dedicatoria” a Lázaro Báez, Sturzenegger anunció el fin de “El Club de la Obra Pública”
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció a través de su cuenta de X la eliminación del Registro de Constructores de la Ley de Obras Públicas 13.064 mediante el Decreto Delegado 105/25. Según el funcionario, esta medida busca terminar con el sistema que permitía a las mismas empresas acceder a licitaciones sin asumir riesgos financieros.
“El Registro de Constructores había sido el mecanismo por el cual la patria constructora se había repartido la obra pública sin arriesgar capital y haciendo que el Estado siempre pague el pato de la boda”, expresó Sturzenegger en su publicación.
Además, señaló que la normativa previa favorecía a un grupo selecto de empresas al ponderar exclusivamente las obras realizadas para el Estado, lo que reducía la competencia y consolidaba un “Club de la Obra Pública”.
En este marco, el Decreto 206/25, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, introduce cambios clave en la reglamentación de la Ley 13.064 con el objetivo de hacer el sistema “más transparente y competitivo”.
El Decreto Delegado 105/25 extirpó de la Ley de Obras Públicas 13.064 el Registro de Constructores que había sido el mecanismo por el cual la patria constructora se había repartido la obra pública sin arriesgar capital y haciendo que el Estado siempre pague el pato de la boda. En… pic.twitter.com/pnuzpY7gmW
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 20, 2025
Modificaciones clave
-Se incorporan antecedentes de obras públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.
-Se elimina el concepto de capacidad constructiva, que limitaba la competencia a medida que se adjudicaban obras.
-Se introduce la posibilidad de certificar la capacidad de competir no solo con antecedentes de obras, sino también con patrimonio y/o garantías.
-Se asegura la gratuidad de los pliegos, que podrán descargarse online.
-La reforma busca reducir la concentración en la adjudicación de contratos y fomentar una mayor participación de empresas en las licitaciones, asegurando que el Estado cuente con mejores condiciones de contratación y protección financiera.