El servicio de alimentación escolar de Entre Ríos quedó bajo la lupa tras una auditoría interna sobre 37 escuelas de Concordia, donde se detectaron inconsistencias por más de 100 millones de pesos que no pudieron ser justificadas. El escándalo estalló luego de la polémica por la inclusión de una botella de vino de más de 50 mil pesos en la compra de un comedor escolar.
La situación derivó en una propuesta del gobierno provincial para implementar “un nuevo esquema de compras centralizadas a través de licitaciones públicas”, una modificación que por el momento resisten sectores de la oposición a la administración del gobernador Rogelio Frigerio.
Bajo el sistema vigente, descrito como “totalmente descentralizado”, en la provincia que administra el exministro del Interior del macrismo cada institución tiene a su cargo la adquisición de los insumos alimentarios. La operación se hace con tarjetas de crédito con fondos asignados según la matrícula escolar, y las compras quedan en manos de los directivos de cada escuela.
“Podían comprar en cualquier comercio adherido al sistema provincial”, explicó el director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, sobre el uso del dinero asignado por la administración provincial.
En ese marco, y en el contexto de políticas orientadas a “reordenar el gasto público”, se relevaron 37 establecimientos de Concordia, donde las autoridades advirtieron una diferencia de $103.738.136 entre marzo y abril de 2025. El monto hizo sonar la alarma y motivó la apertura de un sumario para investigar lo sucedido y determinar “eventuales responsabilidades civiles, patrimoniales y administrativas”.
“Encontramos muchas diferencias entre lo que se compraba y lo que se facturaba”, agregó el funcionario, quien remarcó que el caso ya llegó a la Justicia. La causa quedó caratulada como “Actuaciones iniciadas de oficio s/Peculado” y la investigación está a cargo de la fiscal Daniela Montangie.
El caso salió a la luz cuando, en medio de la inspección, se comparó la cantidad real de chicos que recibían el servicio con los listados usados para determinar las partidas. En ese cruce aparecieron inconsistencias: aumentos injustificados en la nómina de beneficiarios y diferencias entre el dinero asignado y las necesidades efectivas de los establecimientos.
Además, la auditoría evidenció anomalías en la documentación. Muchos registros mostraban que la partida se agotaba en un solo día y que, en varias oportunidades, las compras se concentraban “en apenas tres lugares”, un esquema que volvió aún más opacas las operatorias.
Sobre esa base, luego de cruzar remitos, menús y consumos correspondientes a marzo y abril, los auditores detectaron aproximadamente $100 millones en mercadería facturada pero no entregada. En paralelo, informaron también sobrantes por aproximadamente $146.223.311.
“Nosotros acreditamos los fondos en la tarjeta y lo que sucedía es que o el comercio tenía la tarjeta de la escuela y le absorbían todos los fondos o era la misma escuela que dejaba toda la plata en el comercio e iba sacando”, detalló Azzalini. Y completó: “Nosotros después comparábamos las facturas con los remitos y siempre había una diferencia que quedaba en el comercio”, advirtió.
Según deducen las autoridades, a partir de ese dinero se pierde el “control”, porque no se sabe si “van a medias con el directivo o directamente con eso después compraban cosas por afuera”, dejando al sistema educativo y a los comedores sin trazabilidad sobre el uso final de los fondos públicos.
En síntesis, el gobierno entrerriano no puede determinar si la diferencia de dinero entre lo recibido y lo facturado queda en manos de los comercios o si se entrega a los directivos de las escuelas en efectivo, sin que luego se rindan cuentas sobre el destino real de esos recursos.
El cambio en las compras y la resistencia opositora
Frente a las irregularidades detectadas, el gobierno provincial dispuso aplicar cambios en el sistema alimentario escolar mediante la contratación de “un servicio de provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos que se destinarán a desayunos y meriendas en comedores escolares de la provincia”, lo que implica pasar a un esquema más centralizado.
El servicio fue adjudicado a la firma Teknofood S.A., una decisión resistida por distintos sectores de la oposición. Diputados provinciales del justicialismo presentaron un Proyecto de Resolución para convocar a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y a Azzalini a comparecer ante la Legislatura entrerriana.
El fundamento de ese planteo es que, según cuestionan, “la calidad nutricional de los alimentos no aportaría a los alumnos los nutrientes necesarios y además podría afectar su salud”. En la misma línea, padres de alumnos, gremios y diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una medida cautelar en la Justicia para frenar o revisar el nuevo esquema.
“Se politizó el tema”, sostuvo Azzalini, quien dijo descreer de la posibilidad de ser interpelado “porque (la oposición) no tiene mayoría”. Y cerró con una acusación directa al clima legislativo: “Es todo parte de lo mismo, arman todo el circo habido y por haber”, disparó.
Fuente: Clarín
