En la segunda jornada del encuentro mensual del Consejo Federal de Salud (COFESA), la agenda estuvo centrada en profundizar el trabajo sobre salud mental y consumos problemáticos en todo el país.
La cartera sanitaria nacional y las provincias acordaron avanzar en un Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031, y pusieron sobre la mesa las modificaciones incorporadas al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó la segunda jornada del COFESA, en la que se compartieron los cambios introducidos al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y se debatió con las jurisdicciones cómo implementarlos en territorio. Además, adelantó que la cartera nacional convocará al Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) para trabajar en el Plan Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos 2027-2031, con el objetivo de responder a los principales desafíos en la materia mediante criterios comunes pero adaptados a las particularidades de cada provincia.
Un proyecto con aportes federales y de especialistas
El jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, Roberto Olivieri Pinto, remarcó que el nuevo proyecto es “resultado de diversas instancias de intercambio con las jurisdicciones, especialistas, organizaciones y familiares”.
Recordó que el primer texto fue presentado en la reunión del COFESA de abril y luego elevado al Congreso de la Nación, donde comenzó su tratamiento en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado. En ese marco se llevaron adelante distintas instancias informativas con especialistas, profesionales, familiares, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados a la atención de la salud mental, cuyos aportes fueron incorporados en el proceso de revisión del proyecto.
Derechos de pacientes y nuevo enfoque del padecimiento psíquico
En este sentido, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, subrayó que el nuevo proyecto apunta a asegurar la protección de la salud mental a través de acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria, y deja explícito que el padecimiento no debe considerarse un estado inmodificable.
El texto también garantiza a los pacientes la facultad de fijar directivas anticipadas para consentir o rechazar tratamientos y designar personas de apoyo. En esa línea, González remarcó: “Las directivas del paciente deben ser aceptadas por el equipo interviniente salvo excepción de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”.
Fin de los manicomios y abordaje de las adicciones
El proyecto ratifica la prohibición de crear manicomios y de realizar prácticas manicomiales, y obliga a las instituciones de internación a incorporar al menos dos dispositivos ambulatorios de atención, para reforzar el modelo comunitario y reducir la lógica de encierro.
En materia de adicciones, establece que el consumo de sustancias se reconoce como parte de los tratamientos de salud mental, fijando para niños, niñas y adolescentes un abordaje por parte de equipos especializados en dispositivos diferenciados de los de adultos y bajo el principio rector de no criminalización.
Equipos interdisciplinarios, teleconsulta y uso de psicofármacos
Respecto de la atención clínica, el texto determina que cada jurisdicción definirá la conformación de sus equipos interdisciplinarios según la disponibilidad de recursos humanos, habilitando formalmente la intervención del médico psiquiatra mediante teleconsulta sincrónica cuando no pueda garantizarse su presencia física.
Al mismo tiempo, establece que la prescripción de fármacos queda reservada de manera exclusiva a profesionales médicos y que debe realizarse únicamente con fines terapéuticos.
Internación como recurso excepcional y nuevo criterio de riesgo
En relación con los criterios de internación, el proyecto ratifica que debe entenderse como un recurso terapéutico excepcional y reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” como parámetro para decidir una institucionalización involuntaria.
En los casos en que se resuelva la internación de un paciente, se exige la elaboración de un plan de egreso desde el diagnóstico inicial y se prevé la intervención de oficio del Órgano de Revisión en internaciones que superen los 180 días, para reforzar los controles y evitar cronificar las hospitalizaciones.
Para las evaluaciones de urgencia realizadas por un único médico, se permite efectivizar la medida de internación siempre que sea revalidada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 48 horas, introduciendo así un doble control clínico en las decisiones más sensibles.
Red de apoyos, egreso y rol del Estado
Tras la externación, el proyecto establece que las personas deberán tener acceso sencillo a consultas ambulatorias y a servicios que faciliten la inclusión social y laboral, sumado a atención domiciliaria supervisada y dispositivos de promoción y prevención en salud mental, como casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación laboral.
El texto introduce además una definición más precisa sobre la responsabilidad de la red familiar y del Estado. Si bien reconoce el deber de cuidado de determinados familiares y personas de referencia, deja claro que esa obligación no sustituye el deber estatal de garantizar apoyos cuando no exista red familiar o esta no pueda asumir el cuidado de la persona.
Medidas protectoras y seguimiento judicial excepcional
En los casos de internaciones involuntarias, se prevé la posibilidad de solicitar medidas protectoras ambulatorias excepcionales por hasta seis meses, orientadas a sostener el tratamiento una vez que la persona deja el dispositivo de internación.
En esa línea, González puntualizó que “en el caso de que sea necesario, como por ejemplo, casos severos y judicializados, se requerirá el seguimiento durante 6 meses de un juez para intervenir garantizando la adherencia al tratamiento. Esto no debe ser entendido como la judicialización de la salud mental”.
Debate federal y traslado de aportes al Senado
Durante la jornada, los ministros de Salud provinciales expusieron sus posicionamientos sobre los cambios introducidos en la nueva Ley de Salud Mental y analizaron cómo podría implementarse a nivel local, compartiendo experiencias concretas y posibles obstáculos operativos.
Ese intercambio permitió poner en común las diferentes miradas y despejar dudas sobre los criterios de interpretación e implementación. Teniendo en cuenta que el debate continuará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, Lugones se comprometió a trasladar allí los aportes y sugerencias realizadas por las jurisdicciones para que sean considerados en la continuidad del debate parlamentario.
Amplia representación provincial en el COFESA
En representación de las provincias participaron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; la secretaria de Asistencia en Salud Pública de Catamarca, Silvia Barrientos; el ministro de Salud de Chaco, Ricardo Mayol; el ministro de Salud de Chubut, Sergio Wisky; el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer; el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; el ministro de Salud de Formosa, Juan Carlos Atencia; el ministro de Salud de Jujuy, José Manzur; el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan; el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara; el ministro de Salud de Misiones, Héctor González; el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro; el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis; el secretario de Salud de Salta, Martín Monerris; el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez Zunino; la ministra de Salud de San Luis, Lucía Nigra; la ministra de Salud de Santa Cruz, Lorena Ross; la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio; la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif; y el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, configurando una mesa con presencia federal casi plena.
Por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asistió la subsecretaria de Atención Hospitalaria, Laura Cordero. En representación de la provincia de Corrientes participó el secretario de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, Jorge Sladek Uffelmann; y por delegación de Tierra del Fuego estuvo presente el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios. También se sumaron funcionarios a cargo de la Salud Mental de cada jurisdicción y las asesoras de la senadora Patricia Bullrich, Josefina Tajes y Evelin Dorsch, que siguieron de cerca el avance del proyecto.
