La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto entre el Grupo Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), tras los 39 despidos en la planta pesquera de Puerto Madryn.
La medida ordena retrotraer la situación a su estado previo, impide nuevas sanciones y convoca a una audiencia para este miércoles.
La decisión fue formalizada mediante una resolución del secretario de Trabajo local, Nicolás Zárate, quien advirtió que el conflicto «trasciende los intereses individuales de los empleados involucrados y compromete la continuidad de las fuentes laborales, la estabilidad del empleo y la paz social», remarcó.
En ese marco, la conciliación obliga al gremio del STIA, que encabeza Luis Núñez, a suspender cualquier medida de fuerza y prohíbe a la compañía aplicar nuevas sanciones, despidos o medidas disciplinarias durante el proceso.
Audiencia en Puerto Madryn y alcance de la medida
La cartera laboral convocó a una audiencia para este miércoles a las 10 en la Delegación de Puerto Madryn, donde deberán presentarse representantes del STIA y de las firmas Agropez SA, Conarpesa y WOFCO.
Fuentes del sindicato señalaron que la resolución «sirve para sentarse a aclarar las cosas», aunque remarcaron que se trata de una instancia temporal.
Al mismo tiempo, adelantaron que, según su análisis legal, los despidos presentarían «fundamentos jurídicos débiles», advirtieron.
El origen del conflicto y la denuncia penal
El conflicto escaló luego de que Conarpesa formalizara las desvinculaciones de los obreros que participaron de la protesta del pasado 15 de julio en el Parque Industrial Pesquero.
En los telegramas enviados, la empresa sostiene que en la manifestación se produjeron hechos de violencia e intimidación contra administrativos, situación que, afirma, obligó a evacuar las oficinas con intervención policial.
Paralelamente, el equipo legal de Conarpesa presentó el lunes una ampliación de la denuncia penal por la toma de sus oficinas y aportó nuevas pruebas a la investigación.
Testimonios de los trabajadores despedidos
Mientras la Secretaría oficializaba la conciliación, los trabajadores despedidos realizaban una asamblea en la sede del STIA, donde mostraron su preocupación por el futuro y rechazaron las acusaciones.
Vladimir Rodríguez, uno de los empleados afectados, aseguró que las cesantías «son injustas» y negó episodios violentos: «Lo único que queríamos era trabajar. Nos trataron de violentos y eso no fue así. Había un acuerdo firmado para que el 15 de julio nos dieran el alta y nunca se cumplió», sentenció.
Rodríguez señaló que muchos de los despedidos acumulan entre 12 y 15 años de antigüedad y que la mayoría son empleados de temporada que dependen exclusivamente de esta actividad para sostener a sus familias.
