CGT declara el alerta máxima por “default” de deuda que Gobierno mantiene con las obras sociales
Mientras celebraba el principio de acuerdo con el FMI, una inesperada cesación de pagos alteró los planes de la CGT. Fue en el pago comprometido por el Gobierno de $4.000 millones a las obras sociales sindicales para compensarles los gastos extra en pandemia por servicios a sus afiliados discapacitados. El monto era el saldo de un aporte extraordinario total de 11.400 millones de pesos por ese concepto que comenzó a liquidarse el año pasado y cuya finalización estaba prometida para enero, aunque en el Ejecutivo confirmaron que los fondos restantes de momento no se distribuirán.
La deuda impaga escaló al tope de las preocupaciones de la CGT y el reclamo llegó a Alberto Fernández vía Héctor Daer, el miembro del triunvirato de conducción con mayor cercanía al Presidente. La crisis política derivada de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos, sin embargo, rezagó el planteo entre las prioridades del Gobierno. En la central obrera dudan entre asignarle el “default” a Economía (un área con la que la cúpula gremial comenzaba a tejer un vínculo privilegiado), al kirchnerismo (con el que la inquina es mutua) o simplemente a una negligencia de los funcionarios encargados de ejecutar el pago.
El aporte extraordinario fue ideado al calor de la pandemia, comenzó a discutirse a principios del año pasado y quedó resuelto en mayo durante un almuerzo entre el jefe de Estado y la “mesa chica” de la CGT. Fue la primera oportunidad en la historia del sistema solidario de salud (como se conoce en el rubro a las obras sociales) en que un Estado comprometió desembolsos directos del Tesoro nacional a favor de las prestadoras sindicales. El acuerdo fue por un total de 11.400 millones de pesos.
El pago empezó a cristalizarse en septiembre último mediante la Decisión Administrativa 894/2021 firmada por el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que ordenó a la Superintendencia de Salud girarles a las obras sociales 7.390 millones de pesos como reconocimiento de la suba de gastos en los servicios de educación y transporte para sus afiliados con discapacidad, uno de los capítulos más onerosos del sistema. En la SSS comentaron entonces que dejarían para enero (por razones administrativas) el pago del remanente, por cerca de 4 mil millones de pesos.
Finalizado el primer mes del año comenzaron los llamados entre los directores médicos de cada obra social y al teléfono de José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y el principal encargado en CGT de la problemática financiera de las prestadoras. La alarma cundió cuando Lingeri les confirmó que el monto para enero no había sido girado por Economía y que la Superintendencia no cumpliría con su garantía de completar el pago. El siguiente paso lo dio Daer con llamados a Alberto Fernández, con quien lo une una amistad y la condición común de haber fundado el Frente Renovador de Sergio Massa. Hasta anoche el gremialista no había logrado una respuesta del mandatario.
El “default” doméstico no sólo crispó a la dirigencia sindical por no contar con un financiamiento que considera vital para el funcionamiento de sus prestadoras, golpeadas por el parate económico que mermó aportes de trabajadores, sino por sembrar de incertidumbres la negociación ya en marcha por el aporte extraordinario reclamado para este año. Como anticipó Ámbito, la CGT les hizo saber a los funcionarios que para 2022 pedirá triplicar el desembolso comprometido el año pasado para llegar a los 35 mil millones de pesos.
Aunque los recursos tienen como propósito alegado cubrir los gastos en discapacidad, en el sistema admitieron que no existen mecanismos legales o administrativos para garantizar esa afectación y que, en cambio, las prestadoras aguardaban el desembolso para “cubrir baches”, comentó el máximo responsable de una obra social de las grandes.
Fuente: Mariano Martín – Ámbito.com.-