El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad, por lo que continuará cumpliendo su condena en el departamento porteño de San José 1111. La determinación se basó en los informes técnicos que certificaron el estricto cumplimiento de las pautas fijadas por la Justicia.
El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo en el fallo que la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con el deber de permanencia y las reglas del régimen de visitas, remarcó. La resolución tomó en cuenta el seguimiento efectuado por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
A través de entrevistas domiciliarias aleatorias plasmadas en un informe trimestral, los profesionales destacaron que la expresidenta mostró buena predisposición y mantuvo un trato cordial. Además, el monitoreo electrónico no registró irregularidades en el período evaluado.
Durante este lapso, la exmandataria registró una única salida autorizada por chequeos de salud, mientras que las visitas se desarrollaron dentro de las autorizaciones otorgadas. En ese sentido, una leve demora justificada en el ingreso de una visitante no alteró la valoración positiva del tribunal.
Respecto del entorno de la vivienda y la realización de movilizaciones en las inmediaciones, el magistrado consideró que no se alteró la tranquilidad vecinal ni hubo denuncias por transgresiones al régimen.
Embargos millonarios e investigaciones conexas
La extensión de la medida coincide con la ratificación de los embargos preventivos sobre los bienes de los sentenciados, incluido el inmueble de San José 1111. La medida cautelar busca garantizar un eventual decomiso para cubrir el daño patrimonial al Estado, el cual asciende a unos $685.000 millones.
En simultáneo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de la exmandataria y sus hijos para evitar decomisos de propiedades de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. A la par, la Justicia indaga la compra de un piso inferior atribuida a la dirigente camporista María Soledad Calle, mientras se acreditó que el senador Mariano Recalde tiene una propiedad en el primer piso del mismo edificio.
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