El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 desestimó nuevos recursos presentados por Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, junto a las firmas Hotesur y Los Sauces, que pretendían detener la ejecución en la causa Vialidad.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación rechazó una queja defensiva y ratificó los embargos preventivos sobre un segundo lote de propiedades, entre las que figura el inmueble de calle San José 1111 donde la exmandataria cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Las propiedades en disputa
La resolución dictada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso denegó el pedido formulado por el letrado Luis Goldín, representante de los hijos de la expresidenta, quien buscaba congelar cualquier medida sobre 19 propiedades heredadas o cedidas.
El proceso apunta a hacer efectivo el decomiso fijado en $684.990.350.139,86, derivado de la pena a 6 años de prisión por administración fraudulenta que recayó sobre Cristina Kirchner.
Frente a las apelaciones, los magistrados sostuvieron que los recursos no interrumpen la ejecución y remarcaron que el fin es “ejecutar una sanción penal, impuesta mediante sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”.
Asimismo, el representante legal intentó equiparar el expediente con una causa de la Cámara Civil y Comercial Federal por honorarios profesionales, pero el tribunal remarcó que se trata de trámites de naturaleza jurídica totalmente diferente.
Tasaciones y dólares bajo la lupa
En el marco del expediente que investigó maniobras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, ya se ordenó la valuación de 111 bienes, al tiempo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsan la incorporación de una segunda nómina de activos.
En ese sentido, los magistrados puntualizaron que los planteos sobre las cifras o titularidades “ni impiden adoptar las medidas precautorias necesarias para preservar su eficacia”.
Por otra parte, la defensa cuestionó una solicitud de informes cursada al Banco Galicia vinculada a los 5,5 millones de dólares hallados en cajas de seguridad de Florencia Kirchner, entidad que confirmó la custodia de los fondos bajo fajas de seguridad.
Al respecto, los jueces ratificaron la validez de la medida al señalar que la requisitoria revistió “carácter informativo” y no implicó una quita patrimonial anticipada.
Finalmente, respecto al planteo de Sebastián Sánchez en nombre de Hotesur SA y Los Sauces SA, la sede judicial aclaró que el requerimiento fiscal de decomiso sigue en curso y que los embargos constituyeron una medida “cautelar” que no modificó la titularidad registral ni dispuso la subasta de las propiedades.
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