El equipo jurídico de Cristina Kirchner brindó una conferencia de prensa tras realizar un reclamo formal ante las Naciones Unidas (ONU) por la condena en la causa Vialidad, por la cual la exmandataria cumple prisión domiciliaria.
El abogado Carlos Beraldi, acompañado por Rafael Valim y Javier Borrego, anunció “la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente”, sostuvo.
En esa línea, el letrado remarcó: “Esas tres toneladas de prueba fueron desvirtuadas, por lo que las imputaciones fueron absolutamente falsas”, señaló.
Asimismo, planteó que “la verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada”, advirtió al introducir el origen del nuevo documento.
El origen de la evidencia
Según detalló, el hallazgo surgió durante otro proceso judicial: “La fiscalía presentó como testigo en la Causa Cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que mostró una planilla de Excel en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso”, explicó y enfatizó: “Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, denunció.
Ante este panorama, Beraldi explicó que, al notar que contenía “información completa de todo lo que se había invertido en obra pública con ese fideicomiso, pedimos esa información e iniciamos una investigación”, afirmó.
Sobre los números relevados, el abogado puntualizó: “Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le había dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”, aseguró.
A partir de esos datos, la defensa remarcó: “Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”, afirmó, y añadió que las empresas del empresario patagónico estaban en lugares relegados respecto a otras firmas.
Beraldi justificó el traslado del caso al plano internacional: “Frente al carácter monumental del hallazgo me puse en contacto con mis dos colegas, ya que era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas”, concluyó.
Más precisiones
Los abogados de la expresidenta aseguraron que hallaron una prueba en la causa Vialidad que consideran clave para exigir su libertad. “Fue mal condenada”, apuntó Alberto Beraldi en una conferencia de prensa este martes, luego de anunciar novedades en la presentación que hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
El resultado, según el documento, es que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió en ese período 367 obras, ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por un total de US$2.200 millones. De esas 367 obras, solo 17 están vinculadas a la causa Vialidad —el 4,63% del total— y corresponden a cuatro empresas del Grupo Austral: Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, y la Sucesión de Adelmo Biancalani. A esas 17 obras se les pagaron 36 certificados, el 0,93% del total, por un monto de US$18,66 millones: el 0,85% de todo lo desembolsado por la Fuente 14 en el período analizado.
El informe también muestra que esa participación fue decreciendo año a año: representó el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, cayó al 0,18% en 2011 y fue del 0% entre 2012 y 2015. En el ranking de las 15 constructoras que concentraron el 75% del total financiado por la Fuente 14, ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las principales beneficiarias: el primer lugar lo ocupa IECSA, con el 16,36% del monto total (US$360 millones), seguida por JCR (10,18%), Benito Roggio e Hijos (9,55%), José Cartellone Construcciones Civiles (9%) y Rovella Carranza (5,92%).
Con esos números, la defensa de Cristina Kirchner busca cuestionar el peso que se le dio en la sentencia a la relación entre la expresidenta y el empresario Báez, al que la Justicia consideró beneficiario central de una asociación ilícita montada desde el poder. Beraldi dijo que el hallazgo es “monumental” porque a la expresidenta “se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita” solo por haber firmado el decreto presidencial 54/2009, mientras que la evidencia económica muestra que la porción de fondos que recibió el entorno de Báez fue marginal frente al total de la obra pública nacional del período.
Beraldi dio la conferencia junto a los otros abogados de la expresidenta, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Buscan reforzar el reclamo ante el organismo multilateral por la condena en la causa Vialidad, por corrupción en el ejercicio de la obra pública en Santa Cruz.
La presentación busca que a Cristina Kirchner se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Las claves
Los abogados detallaron que la presentación incluyó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible” que funcione con tres miembros.
En la conferencia de prensa aclararon que con esta nueva prueba que buscarán incorporar al expediente esperan que se suspenda la ejecución de la pena, lo que significaría, a su entender, la libertad de la ex mandataria. Beraldi detalló que esperan una definición del comité de la ONU para octubre próximo y luego avanzarían en los tribunales locales para que se revise la condena.
“Una vez que tengamos una definicion del comité, será la instancia judicial en la cual mostraremos las características del proceso. Nuestro propósito es que la condena caiga y que Cristia reanude sus actividades políticas. Estamos en condiciones temporales de obtener estos objetivos”, dijo Berali ante la consulta si con esa estrategia Cristina podría ser candidata en las elecciones 2027.
“Con la mera interposición del recurso de revision se podría pedir el freno de la ejecución de la sentencia. Un tribunal de justicia puede avanzar en lo que planteamos y podría suspender los efectos de la condena hasta una sentencia de fondo”, aseveró el abogado defensor.
