La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de la defensa de Cristina Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad contra el decomiso de bienes, y dejó firme que deberán devolver en total $684.990.350.139,86, es decir, casi $685.000 millones.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por la ex presidenta, Lázaro Báez, Nelson Periotti y otros condenados, con los que se oponían al sistema de actualización del decomiso fijado en el expediente.
Con esta decisión, el máximo tribunal convalidó el criterio utilizado para actualizar el perjuicio económico causado al Estado nacional en el marco de la maniobra de corrupción investigada en Vialidad.
Las obras en Santa Cruz y el rol de Lázaro Báez
En la causa se analizaron 51 procesos licitatorios a través de los cuales el empresario Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que, entre 2003 y 2015, el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz.
El agravante señalado por los tribunales es que el Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y que la mitad de las rutas intervenidas quedaron abandonadas pese a que los contratos se pagaron en su totalidad.
Según se acreditó en el juicio, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue adjudicatario bajo mecanismos irregulares: circuitos de pagos exclusivos, sobreprecios promedio del 65% y procesos simulados de competencia, entre otros elementos.
Del perjuicio inicial al monto final del decomiso
El debate oral y público comenzó con un perjuicio estimado en $46.000 millones. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, estableció que el fraude cometido mediante ese esquema de corrupción ascendía a $85.000 millones.
El TOF 2 entendió, no obstante, que se trataba de un beneficio imposible de cuantificar para quienes lo usufructuaron, “de índole claramente financiero y cuya existencia resulta, a todas luces, incontrovertible”.
“La contracara, y que aquí nos interesa resaltar, es que el Estado Nacional precisamente renunciaba a ese beneficio totalmente intangible e incuantificable y se lo transfería a un empresario privado”, remarcaron los magistrados en su fallo.
Esos beneficios indebidos que recibió Báez, “cuya traducción en un monto dinerario determinado resultó imposible de medir”, expresaron los jueces, “no deben soslayarse, ya que su consideración resulta indispensable para comprender la extensión del daño causado”.
Intervención de peritos y actualización del perjuicio
En función de ese entramado de corrupción, se solicitó al Cuerpo de Peritos de la Corte que actualice el monto del decomiso. La cifra de base fue de $84.835.227.378,05.
Tras la actualización pericial, se determinó que la maniobra defraudatoria que derivó en la primera condena por corrupción contra la ex mandataria alcanzó los $684.990.350.139,86.
Ese es el valor que la Corte Suprema de Justicia dejó firme al rechazar los recursos extraordinarios que discutían tanto el sistema de actualización como, en definitiva, la cifra a devolver como resultado del decomiso de bienes.
