Causa Vialidad: el juez Gorini pidió a la Corte Suprema fijar el monto final de decomiso a Cristina Kirchner y otros condenados
El juez federal Jorge Gorini formalizó ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pedido de actualización y ejecución del decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad, en la que se encuentran condenados Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios por defraudación al Estado. La cifra base establecida en la sentencia alcanza los 86.000 millones de pesos, aunque ese monto deberá ser actualizado según criterios técnicos y económicos actuales.
La solicitud se produce luego de que la Corte Suprema confirmara semanas atrás la condena a seis años de prisión contra la expresidenta por su rol en la asignación irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Gorini, como juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, es quien tiene a cargo la etapa de ejecución de la pena.
El decomiso apunta a los nueve condenados en el juicio, entre ellos José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (exdirector de Vialidad Nacional), además de Báez y la exmandataria. Todos ellos deberán responder por el perjuicio económico al Estado detectado durante el proceso judicial.
El fallo original había concluido que el 86% de las obras viales nacionales en Santa Cruz fueron adjudicadas al Grupo Austral, propiedad de Báez, en un esquema de corrupción sistemática, con direccionamiento de licitaciones, simulación de competencia, pagos privilegiados y ausencia de controles efectivos.
El monto de 86.000 millones de pesos se construyó a partir de peritajes técnicos sobre cinco obras testigo, en especial tres tramos de la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, que revelaron sobrecostos y colusión empresarial. A esto se sumaron indicadores económicos para extrapolar el daño global estimado.
Una vez determinado el nuevo valor actualizado del perjuicio, el juez Gorini emplazará a los condenados a abonar sus partes proporcionales en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, el tribunal avanzará con la ejecución de bienes registrados a nombre de los imputados.
Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla las propiedades, empresas y activos de cada condenado, en función de avanzar con las medidas correspondientes. El informe fue citado por el medio Nuevo Día de Santa Cruz.