Causa Tarjetas de la Legislatura: Un funcionario del Senado separado de sus funciones tras allanamientos

Luego de que Página Judicial diera a conocer los allanamientos a dos estudios contables que se los ligan a la Legislatura entrerriana, un funcionario de la Cámara Alta debió presentar su renuncia, esperándose el resultado final de la investigación que enloda a los parlamentarios de Entre Ríos oficialistas y opositores. Se trata del director general de administración, que viene de ocupar ese cargo desde la gestión del legislador nacional, Pedro Guillermo Guastavino.

 

Gustavo Pérez quedó fuera de la estructura del Senado luego de que el medio colega Página Judicial diera a conocer los allanamientos en dos estudios contables que la Justicia entiende que tienen una relación directa con la Legislatura de nuestra provincia.

Estas medidas se dieron en el marco de la causa en la que se investiga un cúmulo de contratos irregulares que pueden ser utilizados como método de recaudación fraudulenta. Esta maniobra también se repetiría en Diputados.

 

El vicegobernador está tranquilo, sereno. Confía en su gestión transparente. Luego del enojo, tras la publicación de Página Judicial, reunió a los presidentes de Bloque y les hizo saber la decisión que se iba a adoptar con Pérez.

En su lugar, ahora, quedó Maximiliano Argento, un hombre de su confianza y que se estaba desempeñando como segundo de Pérez.

 

Con suma coherencia, Bahl instó a los titulares de las bancadas, Raymundo Kisser (Cambiemos) y Ángel Giano (PJ), a que pongan la lupa para el interior de los espacios que conducen.

 

Recordemos que la fiscal Patricia Yedro allanó este miércoles por la mañana dos estudios contables ligados al Senado. Se encontraron unos 30 contratos. La causa tiene a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche como coordinadora del caso. La jueza de garantías es Marina Barbagelata.

 

Se investigan dos delitos de estafa tipificados en el artículo 173 del Código Penal en su inciso 15, que dice: “El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.

 

Llamó la atención a la Justicia que una mujer tuviera encima varios plásticos de diferentes personas sacando dinero en un mismo acto. Cabe, aquí, el artículo 175 inciso 5, referido a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

La causa está bajo secreto de sumario.

Fuente: http://www.paginajudicial.com/echaron-un-funcionario-del-senado-tras-los-allanamientos