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Causa piqueteros: se publicaron documentos secuestrados que detallan el sistema de presión sobre los beneficiarios de Potenciar Trabajo

El pasado lunes, la Justicia procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. Belliboni está acusado de desviar millones de pesos del programa Potenciar Trabajo a empresas que emitían facturas falsas para ocultar el destino final de los fondos, que supuestamente se usaron para financiar campañas del Partido Obrero (PO).

Además de Belliboni, otros 10 dirigentes del PO y miembros de la Cooperativa El Resplandor Limitado también fueron procesados por el mismo delito. A algunos de ellos se les imputa la extorsión y la amenaza a beneficiarios del programa para que entregaran un porcentaje de su asistencia social y asistieran a marchas organizadas por el PO.

El procesamiento surge de una investigación que comenzó con allanamientos a las organizaciones en mayo pasado. La Justicia encontró documentos en los comedores Mariano Ferreyra (barrio 1-11-14), La Carbonilla y Rivadavia I, que detallan el sistema de presión sobre los beneficiarios de Potenciar Trabajo. Estos documentos incluyen listados de asistencia a movilizaciones, anotaciones sobre bajas por no participación y registros de pagos obligatorios.

 

El programa Potenciar Trabajo no exige la asistencia a marchas para conservar el beneficio, que solo requiere una contraprestación diaria de cuatro horas. Sin embargo, en los comedores mencionados, se encontró evidencia de que se condicionaba la permanencia en el programa al cumplimiento de estos requisitos partidarios.

Entre los documentos secuestrados se hallaron planillas tituladas “Bajas Potenciar Trabajo x no movilización”, que especificaban la fecha de la última marcha de cada beneficiario y registraban su asistencia. Además, un cuaderno con el título “Planes y suspensiones” establecía un criterio para la baja de aquellos que no participaran en actividades del PO.

“Se adoptó un criterio solo aquel que tenía cero luchas (chanta). Muchos compañeros van a decir que los van a denunciar (ustedes tienen que contestar que ustedes no pueden hacer nada con la contraprestación que tiene que cumplir). Que no somos beneficencia pública, ni Caritas. Que el polo obrero no acepta que aporte y no luche”, reza uno de los documentos.

Los dirigentes implicados incluyen a Jeremías Cantero (número 2 del Polo Obrero), Elizabeth del Carmen Palma (Presidenta de la Cooperativa El Resplandor Limitado), y Gianna Puppo (acusada también de amenazas coactivas), entre otros. La investigación reveló que estos líderes convocaban a movilizaciones, registraban la asistencia, imponían un “aporte mensual” del 2% del monto del plan social, y mantenían un registro de pagos y deudores a través de WhatsApp.

En el comedor “La Carbonilla”, se identificaron mensajes que informaban sobre el cobro de estos aportes, denominados “cápitas”, que podían variar entre $1500 y $5000. En el comedor “Rivadavia 1”, se encontró una lista de espera para acceder al beneficio del plan social, que condicionaba la entrega del mismo a la participación en marchas.

Los investigadores también encontraron evidencia de depósitos en efectivo en las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado. Se descubrió que parte de los fondos recaudados ilegalmente se destinaba al Polo Central, la organización de Belliboni, mientras que el resto se distribuía entre Polo Capital y los comedores.

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