La Justicia Federal avanzó con una dura resolución y dictó un nuevo fallo en la causa OSPRERA. El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, junto a dos exinterventores designados por el Gobierno nacional en la obra social sindical.
El magistrado los procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, al tiempo que les trabó un embargo de $1000 millones.
La entidad médica es la prestadora de salud de los trabajadores rurales y permanece bajo intervención estatal desde 2024, en medio de un fuerte conflicto institucional con el gremio de UATRE.
Contratos y firmas bajo sospecha
El expediente judicial hace foco en la contratación directa de HTECH, una firma perteneciente a Aguirre que fue constituida en abril de 2024. La pesquisa determinó que la compañía carecía de antecedentes comerciales, empleados y facturación previa antes de prestar servicios a la entidad.
La prestadora desembolsó fondos por supuestas tareas de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, la firma recibió pagos por unos $266 millones.
En los registros societarios figura que Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la importación y comercialización de suplementos dietarios.
Los roles de los exinterventores
El convenio original con la prestadora informática fue rubricado por Virginia Montero, quien fuera la primera interventora designada. Posteriormente, su sucesor Marcelo Petroni extendió el vínculo y lo amplió. En ese esquema, la madre del empresario, María Casandra Mirabelli, figuraba como socia de la proveedora y se desempeñaba como secretaria privada de Petroni.
Durante el mes de julio, el magistrado instructor había concretado las citaciones a indagatoria e impuso embargos preventivos sobre bienes por 920 millones de pesos, incluyendo vehículos de alta gama. En su comparecencia judicial, Montero respaldó la legalidad de los actos administrativos, mientras que Aguirre rechazó haber intervenido en la adjudicación comercial y cuestionó las filtraciones del expediente.
A principios de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña invalidó el allanamiento a la vivienda de Montero, la incautación de su teléfono celular y las medidas cautelares patrimoniales previas. Pese a estas nulidades, el expediente principal continuó su trámite bajo la instrucción de Casanello y la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán.
