Causa HSBC: Echegaray en el Parlamento Británico
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, participó en la audiencia de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, donde estuvieron los principales ejecutivos del banco HSBC por maniobras de evasión fiscal de la entidad ocurridas en el Reino Unido.
En la audiencia declararon Stuart Gulliver, director ejecutivo de HSBC Holdings PLC y Rona Fairhead, directora independiente de la entidad.
También declaró Edward Troup, secretario permanente del HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), que es la autoridad tributaria del Reino Unido.
“Nuestra presencia en Londres tiene como finalidad escuchar a las máximas autoridades a nivel mundial del banco y conocer la posición del HSBC Holding PLC –con sede en Reino Unido- respecto de las investigaciones que se llevan a cabo en todo el mundo. Particularmente, AFIP quiere evaluar cómo impacta la política mundial del Banco en la posición que ha tomado HSBC en la Argentina”, destacó Echegaray luego del encuentro.
“Desde la AFIP buscamos que el HSBC repatríe los 3.500 millones de dólares fugados por contribuyentes argentinos a través del Banco y que se paguen los impuestos evadidos en esa maniobra” resaltó el administrador federal.
Vale recordar que AFIP denunció penalmente por evasión y asociación ilícita fiscal a los titulares de las 4.040 cuentas ocultas en Suiza, como así también a los facilitadores de la evasión y a la filial local del banco por facilitar la plataforma para evadir impuestos.
La denuncia recayó en el Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3, a cargo de la Jueza Dra. María Verónica Straccia; Fiscalía Nacional en lo penal Tributario N° 1 a cargo de Claudio Navas Rial.
También, AFIP desarrolló una activa participación en la causa penal como querellante, solicitando exhortos a Suiza y pidiendo la detención internacional de Miguel Abadi, un argentino que figura como máximo tenedor de cuentas ocultas en Suiza a nivel mundial y con fuertes vínculos con la quiebra fraudulenta del Banco Mayo.
Las penas previstas en estos delitos podrían llegar a los 10 años de prisión.