En el marco de la investigación por presunta corrupción en la causa ANDIS, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, presentó un descargo escrito ante los tribunales de Comodoro Py para rechazar su imputación como presunto jefe de una asociación ilícita durante la actual gestión.
El exfuncionario apeló a cuestiones de fe para justificar los mensajes donde trataba de “hermano” a un lobista y reportaba supuestas “ofrendas de esta semana” dirigidas a presuntos beneficiarios del desvío de fondos que instruye el fiscal Franco Picardi.
Los intercambios fueron extraídos del teléfono móvil de Garbellini, en conversaciones con el exdirector Pablo Atchabahian y el empresario Miguel Ángel Calvete, sindicado como articulador del esquema. El grupo señalado por la fiscalía como cúpula directiva se completa con Diego Spagnuolo.
En un dictamen de 228 páginas, la fiscalía determinó que el término “ofrendas” encubría retornos ilegales provenientes del direccionamiento de compras a través del sistema SIIPFIS.
Sin embargo, el imputado rechazó de plano esa hipótesis al argumentar que utilizaba un vocabulario espiritual compartido con los demás investigados.
En su presentación, afirmó que entabló vínculo con Atchabahian en el año 2010 mediante el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), ámbito donde rige la costumbre del parentesco ritual para consolidar lazos.
“Mi trato con él no es íntimo. Pero acaso hemos tenido intercambios donde nos prodigamos el trato de ‘hermanos’, ya que en la fe, todos somos hijos de un mismo Dios”, sostuvo el exfuncionario patrocinado por los letrados Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte.
Bajo esa misma línea argumental, remarcó que las “ofrendas” formaban parte de un lenguaje simbólico y descartó cualquier vínculo con sobornos.
El dictamen fiscal expone además que el exdirector envió a Calvete una planilla con firmas proveedoras y sumas líquidas pendientes de cobro.
Para los investigadores, la maniobra constituía una rendición de cuentas orientada a garantizar un rédito espurio derivado de la manipulación de compras estatales con retornos a funcionarios.
Frente a esto, Garbellini aseveró que remitió dicho cuadro ante las insistentes quejas del empresario por deudas oficiales, justificando que envió la captura solo para constatar que el pago ya se encontraba depositado.
Por su parte, el fiscal sostuvo que el imputado aportaba información confidencial para asegurar utilidades extraordinarias a costa del Estado nacional.
“Esto no es así. No sucedió. Nunca sucedió. Y a lo largo de todo el dictamen no se ha hecho referencia alguna a probanza que permita sustentar tales aseveraciones”, refutó.
La estrategia defensiva frente a los cargos
El descargo cuestionó el período temporal atribuido a la presunta banda criminal, que abarca desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, al recordar que asumió formalmente recién en junio de 2024.
No obstante, la fiscalía remarcó que su designación obedeció a gestiones de Atchabahian, con quien integraba el grupo de mensajería denominado “Grupo Museo”.
Sobre esa supuesta subordinación funcional, Garbellini intentó despegarse de las directivas recibidas. “Atchabahian es un ‘mandado’, ‘un librepensador’ que opinaba unilateralmente, y que, al haber sido en otras oportunidades superior jerárquico, pudo creer -erróneamente- estar ayudando con sus consejos o comentarios”, señaló.
En relación con los procedimientos de contratación directa por urgencia, el exdirector defendió el uso de compulsas abreviadas bajo el amparo de los decretos 1023/2001 y 1030/2016 para evitar embargos ante amparos judiciales de pacientes.
En contraste, la investigación judicial detectó que tales procesos operaron como un mecanismo para simular competencia y avalar sobreprecios que, según auditorías del Ministerio de Salud, superaron el 4000%.
El acusado negó haber intervenido en la selección de oferentes y aseguró que las invitaciones se cursaban de forma automática a través del sistema informático.
Asimismo, rechazó haber suscripto órdenes de pago, indicando que dicha facultad recae en el área presupuestaria y requería la firma autorizada de Spagnuolo.
Respecto a los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre gastos atribuidos a su cónyuge, Romina Peloni, por más de 9.000 millones de pesos en 2024 y más de 4.000 millones de pesos en 2025, calificó las cifras de falsas y fruto de un error técnico.
En ese sentido, afirmó que su patrimonio proviene de salarios públicos, actividad privada y la renta de nueve propiedades ubicadas en Avellaneda y Mar del Plata.
Irregularidades bajo la lupa judicial
Pese a la versión de la defensa, el expediente detalla que en rubros como prótesis e insumos cardiológicos las firmas invitadas desistían de ofertar deliberadamente.
En ese sector, la compañía Farma Salud S.R.L., ligada a Osmar Mariano Caballi, captó más del 90% de las adjudicaciones por una suma superior a 13.700 millones de pesos en diez meses.
A su vez, peritajes telefónicos revelaron que tras un reclamo de proveedores competidores ante Calvete, el propio Garbellini ordenó marginar de los procesos a la firma Boedo S.A.
Actualmente, los principales involucrados cuentan con procesamiento confirmado por los delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y asociación ilícita, mientras el juez Ariel Lijo debe resolver la ampliación de las acusaciones.
Te puede interesar
- The Washington Post reveló que: “Fernando Cerimedo ayudó en Argentina a dirigir las operaciones digitales de Javier Milei”
- Causa Andis: confirman procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 investigados
- Pablo Juliano sugiere que la renuncia del secretario de Discapacidad puede deberse a que “vio un nuevo negociado” en la ANDIS
