En el marco de la causa Andis, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y de otras 18 personas involucradas en la investigación por supuestos desmanejos en el organismo público. Entre los procesados figuran el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.
Asimismo, el tribunal ratificó el rumbo del expediente al rechazar el planteo de la familia Kovalivker, propietarios de Droguería Suizo Argentina, y de otras defensas que buscaban anular las actuaciones bajo el argumento del presunto origen ilícito o adulterado de los audios atribuidos a Spagnuolo.
La resolución fue firmada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, con lo que se consolidó el primer tramo de una causa que analiza responsabilidades en una presunta red de irregularidades.
La hipótesis central que sostiene el fiscal Franco Picardi —quien ya requirió otros 30 procesamientos— apunta a que una estructura paraestatal cooptó la dependencia pública para direccionar compras. La pesquisa detectó simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos.
Maniobras y compras directas
De acuerdo a la causa, parte del esquema se habría instrumentado mediante el Siipfis, un mecanismo especial y ágil destinado a insumos médicos de alto costo y baja frecuencia. En paralelo, la investigación abarca expedientes de adquisición en ortopedia, traumatología, amputaciones, cardiología, audífonos y sillas de ruedas.
Tras la difusión inicial de las denuncias, el Gobierno nacional desplazó a Spagnuolo —quien mantenía un vínculo estrecho con el oficialismo— y a Garbellini, al tiempo que dispuso la intervención de la entidad y una auditoría integral. Las revisiones técnicas internas detectaron sobreprecios de hasta el 4239% y un desfasaje superior a los 150 mil millones de pesos.
En ese contexto institucional, este lunes se conoció que el interventor del organismo, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al cargo alegando “motivos personales”.
Origen de la investigación y secuestro de fondos
Los procesamientos iniciales habían sido dictados en febrero por el juez Sebastián Casanello en el Juzgado Federal N° 11, sede que actualmente se encuentra subrogada por el magistrado Ariel Lijo.
El expediente judicial se inició hace más de un año a partir de grabaciones atribuidas al propio Spagnuolo, donde se hacía alusión a manejos espurios y se nombraba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Eduardo “Lule” Menem.
A partir de allí, el fiscal Picardi desplegó medidas de prueba que incluyeron escuchas telefónicas, inhibiciones, allanamientos y el secuestro de más de un millón de dólares en efectivo durante distintos operativos.
Durante esos procedimientos, los efectivos hallaron casi 700.000 dólares en el domicilio de Ornella Calvete, hija del empresario imputado, mientras que otros 266.000 dólares fueron incautados en el vehículo de Emmanuel Kovalivker cuando egresaba de su vivienda en el barrio privado de Nordelta.
Si bien la pesquisa judicial puso foco sobre la droguería Suizo Argentina en el inicio, el proceso continuó ramificándose hacia otras líneas operativas.
El planteo sobre las escuchas
La estrategia procesal de las defensas consiste en atacar la validez de los audios atribuidos a Spagnuolo al considerarlos el eje estructurante de la acusación, con la pretensión de declarar la nulidad de todo lo actuado.
Sin perjuicio de estos planteos, el expediente sigue su curso procesal mientras el juez Ariel Lijo ordenó peritajes técnicos sobre el material grabado.
