El Gobierno nacional celebró la resolución dictada por el juez federal Daniel Rafecas en la causa AMIA, que determinó el procesamiento de ocho altos mandos iraníes y libaneses, atribuyendo el avance a la recientemente implementada ley de juicio en ausencia.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fijó la postura oficial y remarcó: “El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad”.
Asimismo, el funcionario profundizó sobre el alcance de la normativa: “Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos. Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina”, agregó.
A su turno, el presidente Javier Milei respaldó el mensaje ministerial desde sus redes: “La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!”, sentenció.
De esta manera, el oficialismo destacó la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia 27.784, norma que incorporó esta herramienta procesal al Código Procesal Penal durante 2025.
En esa misma línea, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, apuntó contra la oposición: “32 años tuvieron que pasar para que la Justicia pueda avanzar contra los iraníes prófugos acusados por el atentado a la AMIA. La Ley de Juicio en Ausencia, que aprobamos el año pasado, vino a terminar con la impunidad: si un acusado de terrorismo se fuga, la Justicia no se detiene. Todo lo contrario al Memorándum con Irán que firmó Cristina Kirchner para exculparlos y que queden impunes”, sostuvo.
Los alcances del fallo y las imputaciones
En su resolución judicial, Rafecas determinó que el ataque del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos, fue planificado por la cúpula de Irán en agosto de 1993 y ejecutado operativamente por Hezbollah.
Por tal motivo, el magistrado procesó en calidad de autores mediatos a Ali Fallahijan, Ali Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi.
En paralelo, la medida procesó como partícipes necesarios a Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Asghari y al libanés Salman Raouf Salman, señalado por coordinar la fase operativa final del ataque.
La reconstrucción judicial detalló que los acusados adquirieron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994 y la cargaron con 300 kilos de explosivos amonal y TNT. El coche bomba permaneció guardado desde el 15 de julio en una cochera cercana a la mutual antes de detonar, apoyado por una base logística emplazada en la Triple Frontera.
Asimismo, el juez acreditó la conexidad del ataque con la voladura de un avión ocurrida al día siguiente en Panamá, donde murieron 20 personas, y dio intervención a la Corte Suprema de Justicia por los posibles vínculos con el atentado a la Embajada de Israel de 1992.
Finalmente, Rafecas encuadró el expediente bajo delitos de lesa humanidad y genocidio, trabando un embargo de US$500.000.000 para cada procesado. Tras la etapa de apelaciones, la causa quedará en condiciones de ser elevada a juicio oral.
