En plena discusión sobre la transformación económica argentina, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, aprovechó el acto por el Día de la Industria para dejarle un mensaje directo al Gobierno: “La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación, tenemos que mirar la actividad”.
El líder fabril habló ante unos 200 industriales en la planta del laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, y planteó que hay “sectores muy golpeados”, empresas con capacidad instalada ociosa y la necesidad de una “mirada sistémica” sobre el proceso económico para no destruir el tejido productivo.
Horas antes, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, había ido todavía más lejos con sus críticas al rumbo oficial: “Esta gente no conoce el país y segundo no conoce lo que es una industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.
En esa línea, el dirigente industrial recordó la evolución patrimonial de la actual conducción económica y lanzó: “Sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares y a la Argentina en ese año la endeuda”.
Moretti advirtió sobre el sentido de las medidas aplicadas hasta ahora: “Todo lo que se está haciendo es una política de desindustrialización”. Y enlazó ese diagnóstico con una definición sobre el modelo de país: “No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, universidades, CONICET e INTI”.
El vicepresidente de la UIA cargó además contra el impacto social de los cambios en marcha y cuestionó su sustentabilidad: “Quiero saber si con este modelo que a nosotros nos están llevando a esta precarización del trabajo, puede contener a 45 millones de habitantes. Hay 25 millones de habitantes que estamos afuera”.
Acto industrial con mensaje político al Gobierno
La exposición central de Rapallini se dio en un encuentro que reunió a unos 200 industriales y que funcionó como caja de resonancia de las tensiones entre el sector productivo y la actual política económica, con especial foco en el impacto sobre la actividad industrial.
Entre los presentes estuvieron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, como representante del Gobierno nacional; la senadora Flavia Royón; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, en una foto que cruzó intereses y tensiones de todo el arco empresario.
La UIA llegó al acto con un documento centrado en la situación de la manufactura, el denominado “costo argentino” y las condiciones que, según su diagnóstico, necesitan las empresas para competir en una economía más abierta, reclamando un “puente” entre la economía que queda atrás y una economía competitiva que no destruya la estructura industrial existente.
Rapallini organizó ese “puente” en siete puntos: actividad y crédito; competitividad y costo argentino; competencia desleal; energía; morosidad; infraestructura; y modernización laboral y litigiosidad. Y remarcó que “la industria compite con el mundo”, por lo que las reglas del juego internas no son neutras.
“La microeconomía también construye la macroeconomía”
En su diagnóstico, el presidente de la UIA vinculó la evolución de la actividad industrial con el empleo, el consumo, la inversión, la recaudación y la estabilidad macroeconómica, y dejó una frase que sonó como respuesta directa al dogma oficial: “La microeconomía también construye la macroeconomía”.
Rapallini alertó que cuando cae la actividad “se pierde empleo, se debilita el consumo y se destruye tejido empresario y capacidad productiva”, advirtiendo que si esa dinámica se prolonga en el tiempo también erosiona “la inversión, la recaudación y la propia estabilidad macroeconómica”.
Frente a ese escenario, planteó que el desafío pasa por “atravesar la transformación económica sin perder las capacidades productivas que el país requiere para volver a crecer”, es decir, sin que el ajuste deje un desierto industrial difícil de revertir.
Según su exposición, la industria ya atravesó una etapa de fuerte contracción mientras convivieron el orden fiscal, la desaceleración de la inflación y una mayor apertura de la economía, con una producción industrial que quedó 10% por debajo de los niveles de 2022 y con sectores que sufrieron caídas de entre 25% y 30%.
El impacto sobre el empleo fue otro eje de alarma: “Desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados”. Y advirtió que la apertura no afecta a toda la economía por igual, sino fundamentalmente al segmento que produce bienes y servicios transables, donde se concentra buena parte del entramado manufacturero argentino.
Primer punto del puente: sostener la actividad y reconstruir el crédito
Rapallini situó el primer pilar del puente en la recuperación del financiamiento, al plantear que es imprescindible “encontrar instrumentos que permitan sostener la actividad sin comprometer el orden macroeconómico” y que uno de los más importantes es reconstruir el crédito.
El documento de la UIA reclamó financiamiento para capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo, y pidió un sistema financiero que vuelva a transformar el ahorro en inversión productiva, de modo que la estabilidad se traduzca efectivamente en crecimiento, producción y empleo.
Segundo eje: reducir impuestos, costos y regulaciones
El segundo eje se concentró en la competitividad. Rapallini enumeró una larga lista de trabas que enfrentan las empresas: impuestos, regulaciones, costos logísticos, problemas de infraestructura, restricciones financieras, distorsiones de precios y cambios permanentes de reglas, componentes de un “costo argentino” que, según alertó, condiciona seriamente la capacidad de competir.
Desde ese diagnóstico, el presidente de la UIA fue tajante: “Tenemos que acelerar la reducción del costo argentino y hacerlo sobre aquellos factores que hoy condicionan la capacidad de nuestras empresas para competir”. Y recordó que en una economía abierta “ya no compiten solamente las empresas: compiten los sistemas productivos de los países”.
Rapallini mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el llamado Súper RIGI como ejemplos de instrumentos que reconocen esa competencia internacional para los grandes proyectos, pero reclamó que ese mismo criterio alcance al conjunto de la industria argentina para evitar un esquema de pocos ganadores y muchos perdedores locales.
En materia tributaria, el planteo fue avanzar sobre los gravámenes que se acumulan a lo largo de la cadena productiva, con mención explícita de Ingresos Brutos, el impuesto de sellos, las tasas municipales, el impuesto a los créditos y débitos y la carga sobre la renta empresarial, en el marco de un propuesto Pacto Fiscal Industrial Federal entre Nación, provincias y municipios para reducir de forma gradual y coordinada la presión fiscal sobre la producción.
El objetivo, sintetizó, es claro: “Que el Estado deje de ser el obstáculo para que la industria le ofrezca a la sociedad precio y calidad internacional”. Y remarcó que no le corresponde al Estado decidir “qué sectores tienen futuro”, sino generar condiciones competitivas y reglas parejas para que el mercado, la productividad y el talento empresario definan qué actividades pueden crecer.
Tercer punto: competencia desleal y libre mercado
El tercer tramo del puente se enfocó en la competencia desleal. Rapallini sostuvo que “la competencia leal es una condición indispensable del libre mercado” y marcó la diferencia entre quienes producen y venden bajo todas las reglas y quienes compiten por fuera de ellas aprovechando vacíos o tolerancias.
El presidente de la UIA apuntó contra subsidios a la producción y a las exportaciones en otros países, prácticas de dumping y sobreoferta que golpean a sectores productivos locales, y ubicó al contrabando como un problema grave para el mercado interno, al señalar que en algunas actividades los productos que ingresan por canales irregulares ya representan entre 30% y 50% del mercado.
A ese cuadro sumó la subfacturación, la informalidad, el incumplimiento de normas de calidad y seguridad y la disparidad de exigencias entre importados y producción nacional, y fue categórico: “Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”. Por eso reclamó un Estado que controle, haga cumplir las reglas y actúe frente a estas prácticas, en un mensaje directo a la actual prédica de desregulación.
Cuarto eje: energía como ventaja y no como castigo
El cuarto punto del planteo estuvo dedicado a la energía. Rapallini sostuvo que el gas, el petróleo y las energías renovables deben convertirse en una verdadera ventaja para la producción nacional, con una definición estratégica sobre Vaca Muerta: debe servir tanto para exportar energía como para ampliar las exportaciones de productos argentinos con mayor valor agregado.
En ese sentido, el dirigente reclamó que el país “garantice abastecimiento, infraestructura y energía a precios competitivos en todo el territorio nacional”, y advirtió que durante este año muchas industrias, en particular pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces.
Rapallini atribuyó parte de ese salto al traslado a la industria del total del diferencial de costo de la importación y pidió un mecanismo de acompañamiento vía financiamiento para atenuar el impacto: “Seguimos aguardando una respuesta que permita a estas empresas no poner en riesgo su actividad”.
Quinto punto: morosidad creciente y alivio financiero
El quinto eje se centró en la morosidad generada por el ajuste monetario. Rapallini recordó que la suba de las tasas de interés del año anterior disparó el costo financiero y empujó a muchas compañías, especialmente pymes, a acumular deudas difíciles de afrontar, al tiempo que la caída de la actividad complicó el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias.
Frente a ese cuadro, la UIA pidió mecanismos para reprogramar deudas bancarias y fiscales, regularizar situaciones de morosidad y acompañar a las empresas en dificultades, incluyendo la suspensión extraordinaria de embargos para firmas con problemas de liquidez y la aceleración en la devolución de saldos a favor acumulados.
Sobre este último punto, Rapallini subrayó el rol de esos recursos: “Son capital de trabajo que hoy necesitan para pagar salarios, proveedores, impuestos y sostener la producción”. Y definió que este tramo del puente apunta a que las compañías normalicen obligaciones, recuperen liquidez y mantengan sus operaciones en pie.
Obras, trabajo y menor litigiosidad para completar el puente
El sexto eje del discurso fue la infraestructura. Rapallini enumeró como parte del costo argentino el mal estado de las rutas, las demoras portuarias, la red ferroviaria insuficiente, la falta de redes eléctricas y gasoductos, los problemas de conectividad y las dificultades en los pasos fronterizos, factores que terminan restando competitividad a la producción local.
Según describió, “son costos que se trasladan directamente al precio de nuestros productos y terminan definiendo nuestra capacidad de competir, tanto en el mercado interno como en el mundo”, por lo que reclamó acelerar inversiones mediante concesiones, licitaciones y esquemas público-privados en rutas, puertos, ferrocarriles, energía y conectividad.
El titular de la UIA pidió también recuperar una mirada estratégica sobre la inversión pública en aquellos casos donde el sector privado no pueda encarar por sí solo las obras necesarias, con una advertencia final: “Mejorar la competitividad exige producir mejor, pero también contar con la infraestructura necesaria para llevar esa producción al mundo”.
El séptimo y último punto del puente fue la modernización laboral y la litigiosidad. Rapallini sostuvo que la nueva legislación laboral abre una oportunidad para actualizar las relaciones de trabajo y señaló: “La ley es el punto de partida. Ahora tenemos el desafío de llevar esas herramientas concretamente a las empresas”.
El dirigente destacó que el diálogo entre trabajadores y empresarios será clave para actualizar convenios colectivos concebidos hace décadas, y pidió reducir la litigiosidad y terminar con la llamada “industria del juicio”, al advertir que una economía donde contratar implica riesgos imposibles de prever genera menos empleo e inversión.
Rapallini advirtió que la efectividad de las nuevas reglas dependerá de su implementación y de una Justicia que aplique sus principios con claridad y previsibilidad, y sintetizó el sentido general del planteo: “De estos siete puntos se trata el puente: de acompañar la transformación, reducir las fricciones de la transición y generar las condiciones para que nuestras empresas logren atravesar este momento”.
La industria en el proyecto de país a 30 años
En el tramo final, el titular de la UIA sostuvo que la industria debe integrar de manera explícita el proyecto de desarrollo argentino, y recordó que el sector representa cerca de 18% del Producto Interno Bruto (PIB), 20% del empleo y alrededor de 30% de la recaudación, además de su presencia en miles de empresas y cadenas de valor distribuidas en todo el país.
Rapallini planteó que, en el fondo, la discusión abierta excede la coyuntura: “Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”. Y cerró con un mensaje político hacia la dirigencia: pidió dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen, y aseguró que la UIA seguirá elaborando propuestas sobre las necesidades y problemas de la industria en este nuevo contexto económico.
