Caso Urribarri: Fernando Burlando apelará a la Corte Suprema de Justicia
El nuevo defensor de Sergio Urribarrri, Fernando Burlando, confirmó que apelará a la Corte Suprema de Justicia la condena por corrupción del ex gobernador y anticipó que denunciará al Procurador General Jorge Amilcar García. El mediático letrado brindó una conferencia de prensa, junto a su equipo de abogados, en la cual detalló los argumentos con los que acudirá ante el máximo Tribunal; habló de “arbitrariedades e irregularidades” en la investigación y apuntó a la connivencia en la Justicia entrerriana.
Durante la exposición, uno de los abogados que compone el equipo de Burlando, Jorge Baños, reveló que se solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se radiquen las denuncias correspondientes contra todos los funcionarios involucrados y se inicie el proceso constitucional para requerir la eventual suspensión y posterior restitución del Procurador General, Jorge Amilcar García.
El letrado apuntó a “serias inconsistencias en los votos de los magistrados en las tres instancias provinciales” y cuestionó que en los dictámenes judiciales “se vulneró la jurisprudencia de la Corte Suprema porque no se tuvieron en cuenta tres precedentes al rechazar las impugnaciones extraordinarias”.
“Sergio Daniel Urribarri soportó de manera estoica persecuciones judiciales dirigidas por funcionarios judiciales que, en algunos casos, no tenían idoneidad para llevar adelante las investigaciones y, en otros casos, ni siquiera tenían jurisdicción territorial”, cuestionó el legista.
Baños cuestionó que la oficina del titular del Ministerio Público Fiscal esté ubicada en el Palacio de Justicia de Entre Ríos. “¿Qué igualdad de armas puede haber entre las partes si una de ellas comparte el despacho en el mismo edificio que el Superior Tribunal de Justicia?”, se preguntó.
Del mismo modo, mencionó una denuncia del ex senador nacional Héctor Maya, en la que, según repasó, se advirtió que “podría existir evidencia de un entramado ilegal que pondría en crisis la legitimidad de las actuaciones que se siguieron contra el ex gobernador”.
“El procurador general decidió que solo dos fiscales investiguen las causas al colocarlos en una unidad fiscal especializada sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público; y uno de los fiscales ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en Paraná porque el concurso público que había ganado era para otra localidad”, pormenorizó Baños.
Y añadió: “Bajo el rótulo de `combatir la corrupción´, se concentró todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas, desplazando al resto del Ministerio Público”.
Al refutar que se trata de “un proceso judicial sumamente arbitrario”, Baños consideró que “una de las fiscales reconoció, en sus alegatos, que no tenía pruebas, que no había testigos, ni documentos; y otra de las fiscales que participó de la acusación haya sido desplazada de su cargo por graves irregularidades y serios actos de corrupción”.
Para Baños, la condena a Urribarri es “consecuencia de un proceso plagado de irregularidades” y puso de relieve que “se denunció ante la Justicia Federal a un renombrado titular de un portal de comunicaciones, porque publicaba pseudo notas periodísticas contra personas a las que previamente se había decidido investigar”.
Para el jurisconsulto, “paradójicamente, la Fiscalía Anticorrupción decidió levantar esas noticias criminales e instruyó instigaciones plagas de arbitrariedades e irregularidades”.
De idéntico modo, el abogado del equipo de Burlando, apuntó a la connivencia en la Justicia entrerriana. “La condena a Urribarri fue rubricada por el cuñado de la juez que luego la confirma en segunda instancia; las otras juezas que rubrican el fallo, una es pareja del Procurador –que discrecionalmente seleccionó a los fiscales actuaron en el juicio- y la otra está casada con un enemigo declarado públicamente en multiplicidad de notas periodistas en contra Urribarri”.
“Pese al grave temor de parcialidad que implica ser juzgado por la esposa de un enemigo público, para las otras dos juezas –la cuñada del juez de primera instancia y la pareja del Procurador- no hay imparcialidad, rechazan las recusaciones y confirman el fallo”, especificó Baños.
“Hay parcialidad si te juzga la esposa de tu enemigo”, fundamentó. Para el defensor, “es evidente que si existe el temor fundado de parcialidad y esto se da en la praxis, los jueces tienen obligación de excusarse”.
“Es evidente que el procurador no puede concentrar el poder de investigar todos los delitos de corrupción más sensibles sin turnos, sin sorteos y sin distribución objetiva del trabajo, porque ello desplaza la competencia natural del resto de los fiscales del Ministerio Publico”, enfatizó Baños, y consignó que ello “implica un poder exorbitante que no es sano ni compatible con un Estado de derecho”.
“En una fiscalía se concentró una enorme cantidad de poder que, no es legítimo concentrar en un Estado de derecho; no es posible tolerar institucionalmente que todas las causas más sensibles de una provincia sean investigadas por dos operadores porque la concentración del poder tiende a corromper absolutamente”, objetó Baños.
Y para dar cuenta de “casos paradigmáticos de arbitrariedad judicial”, aseveró que “el procurador Jorge Amilcar García ordenó que se archive el expediente a un periodista que durante décadas fue socio de un condenado por abusos en los que hacían participar a niños de ritos sexuales aberrantes”.
“Hay una operatoria contra Urribarri”
“Hay una operatoria y es lo que podemos verificar en el corto paso por Entre Ríos. Hubo un sinnúmero de situaciones vinculadas a este mecanismo de denunciar”, calificó Burlando tras la consulta por las publicaciones periodísticas que investigaron delitos de corrupción y que después fueron condenados por la Justicia, como el caso de Urribarri.
Si bien el letrado descartó irregularidades e ilegalidades en esa mecánica, sí cuestionó que “cuando eso conforma una operatoria para elegir a un ciudadano y en vez de buscar a los responsables de un delito, se busca a algunos, es totalmente diferente”.
Al rotularse como “hombre de Derecho”, el penalista puso acento en “la cantidad de barbaridades, desde el punto de vista técnico y jurídico, en contra de los acusados”; y dio cuenta de “antecedentes de este tipo de operatorias de denuncia”.
Burlando se mostró sorprendido por el “enojo” que evidenciaron algunos miembros de la Justicia entrerriana tras su llegada a la provincia para investigar el caso de Urribarri.
“Da la sensación que, en Entre Ríos, los miembros de la Procuración no puedan ser denunciados, siendo que todos somos pasibles de ser denunciados”, sugirió y calificó a esa situación como “incomprensible”. Para el mediático abogado, esta situación “purifica y transparenta actos que son oscuros”.
Al dar cuenta de “irregularidades” en el proceso judicial contra el ex gobernador, el repasó que “en la acusación, una fiscal afirmó que no tenía pruebas y en su alegato dijo que `los que sabían, no hablaban´”.
Para Burlando, “esa es la no contundencia de lo no necesario de presentar pruebas en favor de Urribarri”; y cuestionó por qué no se tramitó el falso testimonio para testigos de la investigación. “Es otra mentira, otra falsedad y otra arbitrariedad en la causa que arriba a una condena de ocho años de prisión”, señaló.
“Para condenar a Urribarri y sus compañeros de causa no hay pruebas, y así lo dijo la propia fiscal destituida en su alegato durante los albores de la investigación; y no entiendo cómo no hubo reacción en el propio Poder Judicial para conocer quienes eran las personas porque no se pidió un solo falso testimonio”, reafirmó Burlando al sosteniendo que “la carencia de pruebas es notoria y evidente”.
Burlando remarcó “la arbitrariedad y la cuestiones vinculadas a las violaciones de los derechos constitucionales de Urribarri” y denunció que, en el proceso judicial en su contra, “se aplicó ley que no existe, que no están en vigencia”. “Es un gran absurdo; se hicieron apreciaciones exclusivamente dogmáticas y sin fundamento jurídico y técnico”, discutió.
Respecto a la denuncia que formulará contra el procurador García, el letrado ratificó que, en el trascurso de la semana, presentará “un pedido de juicio político y algún jury también para los fiscales puestos a dedo y que actuaron en primera instancia”. “Pero conociendo cómo se manejan los fiscales en casos de corrupción, no nos da mucha seguridad el hacer una denuncia en Paraná, pero muchos de los hechos se cometieron en Paraná”, acotó.
“La concentración del poder y tener fiscales que trabajen exclusivamente en lo que le interesa al Procurador es parte de lo que está mal; y no se tienen que enojar porque tal vez venimos de provincia de Buenos Aires y denunciamos situaciones que no le hacen bien a los ciudadanos ni de la provincia ni del país”, argumentó.
“A algunos integrantes del Poder Judicial y la Procuración, el buscar la verdad y pedir justicia, les parece una blasfemia”, espetó y se mostró proclive a la búsqueda de “un juez imparcial, que decida sin presiones y sin ser influenciado” para que trate el caso de Urribarri.
“Denunciamos las arbitrariedades y las ilegalidades porque ningún juez que lea nuestro recurso y las constate, puede permitir que esta causa siga con vida; el destino final para una causa que contiene estas características es su finalización”, aseguró respecto al pedido de la intervención de la Corte Suprema.
Cabe repasar que la Resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que el 17 de abril rechazó los recursos de queja presentados por la defensa de Urribarri y la de sus consortes procesales en la denominada Causa Compleja y le dio carácter de firmeza a las condenas, puso al exmandatario en condiciones de ser alojado en una unidad penal.
Se recordará que el exgobernador resultó con una pena de ocho años de cárcel más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al haberse probado su participación en cinco grandes causas de corrupción.
Foto: Gentileza APF Digital.-