El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 condenó a Julio De Vido a 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el escándalo de corrupción vinculado a la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos a la empresa sueca Skanska.
Los jueces lo consideraron responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de coautor.
Con este veredicto, De Vido sumó su quinta condena por hechos de corrupción. Se agrega a los 4 años por la compra de los Trenes Chatarra; los 4 años por sobreprecios en la importación de GNL; los 3 años en suspenso por la causa Odebrecht; y los 4 años confirmados por la Corte Suprema por la Tragedia de Once, pena por la que cumple arresto domiciliario en su casa de Zárate.
Otro de los principales condenados fue el ex secretario de Obras Públicas, José López, sentenciado también a 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el mismo encuadre legal: cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en carácter de coautor.
Condenas para ex funcionarios y directivos de Skanska
En tanto, para el resto de los procesados el TOF 4 resolvió una serie de penas diferenciadas.
El ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, recibió 5 años de prisión como responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de coautor.
Respecto de los directivos y gerentes de Skanska, Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron condenados a 4 años de prisión por considerarlos culpables de cohecho activo en calidad de coautores, en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios.
En la misma línea, Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco y Adrián López fueron sentenciados a 3 años de prisión por cohecho activo en calidad de coautores, también en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública como partícipes necesarios.
Durante ese término, estos últimos deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
Decomiso millonario y rol de los fiscales
Por otro lado, el tribunal ordenó el decomiso de $34.594.947,34 en concepto del producto del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública nacional, y de $14.017.588,69 por el producto del delito de cohecho, montos que deberán ser actualizados a la fecha de ejecución.
En su alegato, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset habían sostenido que De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada para direccionar licitaciones en favor de Skanska, utilizando concursos privados sin justificación y habilitando así la maniobra fraudulenta.
Un juicio emblemático y un fallo dividido
El juicio por el caso Skanska se extendió a lo largo de 47 audiencias desde abril de 2024, con la presentación de pruebas por parte de 78 testigos y la exposición de los alegatos.
El TOF 4 está integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez.
El veredicto contó con el voto mayoritario de Gorini y Costabel, mientras que la jueza López Iñiguez se pronunció en disidencia respecto de la calificación legal y del monto de las penas.
Además, los magistrados anunciaron que la sentencia completa será publicada el 22 de septiembre de 2026, a las 13.30.
El caso Skanska y el inicio de las causas de corrupción K
La investigación de Skanska es considerada un caso emblemático en el esquema de sobornos y sobreprecios que marcó el inicio de las pesquisas sobre corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
El objeto central del expediente fue determinar si existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio de orientar la licitación de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) hacia la empresa Skanska.
El expediente se abrió en 2006, con la instrucción a cargo del juez Ariel Lijo y la intervención del fiscal Carlos Stornelli.
A partir de una extracción de testimonio de este sumario se inició otra pesquisa, la causa Odebrecht, en la que se analizó otra serie de contratos para obras en los mismos gasoductos.
