Caso Maradona: Diputados de LLA piden un jury para la jueza Julieta Makintach
La diputada Florencia Retamoso anunció este martes la presentación ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados, una denuncia formal para que este organismo evalué la posibilidad de iniciar el juicio político a la polémica jueza Julieta Makintach.
La presentación comprende una denuncia formal por su posible mal desempeño en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
“Es nuestro deber como legisladores garantizar que la Justicia actúe con responsabilidad, transparencia y sin privilegios”, dijo Retamoso y recordó que “nadie está por encima de la ley”.
La legisladora estuvo acompañada en el acto formal ante la Secretaría, que ahora seguirá con la instrucción correspondiente y que podría terminar con el juicio político a la magistrada, por el presidente de la bancada de diputados Agustín Romo y su par Fernando Compagnoni.
Como se sabe la denuncia de un magistrado ante la Secretaría de Enjuiciamiento es el primer paso formal para que el sistema de enjuiciamiento de magistrado evalúe la posibilidad de proseguir con un juicio político a un Juez de la provincia.
Así el objetivo de la presentación es interponer “formal denuncia contra la Dra. Julieta Makintach, Jueza del Tribunal Criminal N°2 del Departamento Judicial San Isidro, para determinar si sus conductas frente al tribunal que debate las responsabilidades de médicos y trabajadores de la salud respecto a la muerte del Sr. Diego Armando Maradona, encuadran hechos que ameritan la acción de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
En particular, se solicita la comprobación de las faltas “previstas en los incisos d), e), f), i), m), q) del artículo 21 de la Ley 13.661, a fin de que se ordene su destitución”.
Los incisos invocados hacen referencia falta tales como incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone; la comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido; ejercer el comercio o industria y toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura.