Tras la salida de su extitular, se conoció que en el caso Andis: una auditoría detectó inconsistencias por $158.717 millones en los registros contables de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que estuvo bajo la conducción de Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.
El informe surgió tras una revisión integral encarada por la intervención de la dependencia estatal, donde se cruzaron datos de deudas informadas por dos sectores internos clave. De ese cruce emergió que una porción considerable de los compromisos contraídos no había atravesado los controles administrativos establecidos.
La evaluación abarcó los movimientos de gestión hasta el 21 de agosto de 2025. En ese proceso se auditaron pagos a droguerías, pasivos acumulados, fondos de cajas chicas, compras de equipamiento informático, contrataciones, nómina de personal y declaraciones juradas.
Una diferencia contable millonaria
En las conclusiones del relevamiento, los técnicos detallaron que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”, advirtieron.
Los requerimientos de información fueron cursados a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), encargada de programas asistenciales como Incluir Salud. Fue precisamente esta última área la que reportó el pasivo más abultado.
El informe advirtió además sobre presuntas imprecisiones en las cifras aportadas por la Dnass. Frente a estos cuestionamientos, desde esa repartición argumentaron que los montos y clasificaciones podían mostrar desvíos debido a errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.
En ese marco, la Dnass está en el foco del fiscal federal Franco Picardi en una causa donde se investiga un presunto fraude con cobro de retornos ilegales de hasta el 20%. En su dictamen, la fiscalía remarcó que las compras habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.
Cuestionamientos a las formas de contratación
El relevamiento puso la lupa sobre el uso de la figura de legítimo abono, herramienta utilizada para abonar bienes o prestaciones devengadas sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.
Los auditores advirtieron que hasta la fecha de corte la entidad continuaba aplicando esta vía excepcional y señalaron que solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.
Si bien la auditoría no precisó el total cancelado formalmente bajo esta modalidad, especificó que las empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos percibieron desembolsos por $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
