Carrió presiona a Macri: “Perdí la confianza”

Elisa Carrió aseguró que “un sector del Gobierno sostiene y opera para garantizarle la impunidad a Cristina Kirchner para que no le quiten los fueros y vaya presa. Y además yo sé quiénes y cómo trabajaron desde el poder para que Carlos Menem termine absuelto por el caso Armas. Es un escándalo”. La siempre polémica diputada agregó: “No fundamos Cambiemos para que la República vuelva a sufrir la impunidad impulsada desde el poder. Noooo. No contará conmigo para hacer esas cosas”.

 

“Le pido al presidente que revea esta situación. Perdí la confianza. Mi decisión tomada. Si esto no cambia, a fin de año mi relación con Cambiemos se torna irreversible”, subrayó Carrió. Esa “decisión”, dijo, deberá ser expresada por su partido, la Coalición Cívica.

 

Este novedoso y profundo conflicto no sólo se generó porque ella impulsará en el Congreso un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien acusa de haber hablado en una radio para dejar asentado que está en contra de la detención de la senadora aforada Cristina Fernández en ese expediente que le quema a la política de forma transversal, y a parte del poder económico.

Lo que no hizo público hasta ahora, y que también es motivo de su desazón y enojo con “sectores” del Gobierno, son otras consecuencias internas que para ella son producto de la investigación de los “cuadernos K”.

 

El diario Perfil reveló que esta semana fueron despedidos de sus cargos funcionarios de carrera de la AFIP, todos denunciantes de la corrupción K, y algunos de ellos involucrados en las causas judiciales que podrían complicar en el ámbito procesal a una ex empresa de la familia Macri, la constructora IECSA, y en particular a su último dueño, el primo hermano del presidente, Ángelo Calcaterra, “arrepentido” en la causa “cuadernos” y también investigado por sus negocios con la brasileña Odebrecht.

 

El lunes, Carrió se reunió con Leandro Cuccioli en la AFIP. El funcionario estaba acompañado de la subdirectora general de coordinación técnico institucional, Jimena de la Torre. Según tres fuentes que conocieron qué pasó en ese encuentro, Carrió le explicó a Cuccioli sobre la valoración del trabajo que cumplían en la AFIP el titular de la DGI, Horacio Castagnola, y subdirector general de operaciones, Jaime Mecicovky.

 

Carrió le dijo a Cuccioli que tenía las mejores referencias sobre él, pero que le pasaba lo contrario respecto a su subalterna De la Torre, a la que vinculó con imputados en el caso de los “Cuadernos K”.

 

Mecicovsky ya había sido desplazado por la administración de ese mismo organismo pero cuando lo liderada, en la era K, Ricardo Echegaray, a quien denunció y debe seguir denunciando en varios juicios de corrupción y lavado de dinero, que involucran a otros ex funcionarios o empresarios ligados de modo presuntamente ilegal a la anterior gestión. Como Lázaro Báez.

 

Mecicovsky resistió ante el actual jefe de recursos humanos de la AFIP, Facundo Rocha, de buenos vínculos con Echegaray, entre otras cosas, por haber nombrado en ese organismo al abogado del llamado Rey de la Efedrina, el preso Mario Segovia. El letrado está procesado por lavado de dinero y se llama Wilfredo Scarpello.

 

Altas fuentes de la AFIP, sin embargo, explicaron que Cuccioli le detalló a Macri que las personas desplazadas tienen que ver con “un plan para modernizar la tecnología”. Y niegan de plano que la movida tengan que ver con el contenido que expresa Carrió.

 

Según fuentes oficiales y judiciales, hasta ahora la AFIP retrasa el envío al juzgado de Bonadio de la información requerida formalmente sobre la ex empresa de los Macri, IECSA, cuyos directivos anteriores aceptaron el pago de coimas a los ex funcionarios del kirchnerismo, todo en el marco de la causa de los “cuadernos K”.

 

La respuesta de la AFIP, los dichos de Garavano y lo que pasó con el senador Carlos Menem, convencieron a Carrió de que no eran hechos producto del azar: “Es la causalidad. Garavano obedece órdenes. Yo lo acusé de haber encubierto el juicio de la AMIA. Son órdenes de la Jefatura de Gabinete”.

 

Para que la ex presidenta termine en prisión después del procesamiento en el caso “cuadernos K”, la Cámara Federal debe avalar el auto de procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadio donde el magistrado dice tener probado, prima facie, y gracias a pruebas muy concretas (declaraciones de arrepentidos, documentación secuestrada en allanamiento, escuchas telefónicas y videos, entre otras), que Cristina lideró una asociación ilícita para recaudar desde el Estado dinero de la corrupción, que recibió además dádivas y coimas.

 

Ese procesamiento fue apelado por el fiscal del caso, Carlos Stornelli, un escrito que firmó además su colega Carlos Rivolo, donde disintieron en la calificación de delitos que el magistrado tomó sobre algunos imputados, pidiendo que se los involucre de forma más severa en los hechos investigados. Y, sobre todo, donde dejaron asentado que la senadora aforada Cristina Fernández recibió 901 pagos de coimas. Para los fiscales, entonces, ella fue coautora pasiva del cobro de esas casi mil coimas.

 

“¿Para qué luchamos por la verdad, y arriesgamos la vida? Nos da asco moral y nos aleja de estos personeros del Gobierno y la Justicia”, se queja Carrió, que también le hará juicio político a los camaristas que absolvieron a Menem.

 

Paradojas de política y la Justicia. Para Carrió, si Cambiemos no cambia en los aspectos que criticó, entonces cambió. Para mal.