El inicio del año sumó un nuevo capítulo a la interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez en el contexto de los incendios forestales en Chubut, que ya afectaron a más de 3.500 hectáreas de bosques nativos. Mientras la titular del Senado se encuentra de viaje en la provincia patagónica, desde el Gobierno nacional surgieron versiones cruzadas en torno a un supuesto pedido para utilizar un helicóptero oficial, que habría sido rechazado por el Ministerio de Seguridad.
Desde la administración libertaria aseguraron que la Agencia Federal de Emergencia (AFE) recibió una solicitud para disponer de una aeronave con el objetivo de que Villarruel pudiera sobrevolar la zona afectada, pero que el requerimiento fue desestimado. Sin embargo, el entorno de la vicepresidenta negó de manera tajante la existencia de ese pedido.
“Los helicópteros están destinados a la emergencia y a las urgencias, no a sacarse fotos. Además, no se trata solo de apagar el fuego, hay toda una estructura de respuesta”, explicó una fuente con acceso directo al despacho presidencial. En la misma línea, desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva remarcaron que todos los recursos, especialmente los aéreos, están abocados exclusivamente a tareas operativas.
Según indicaron en Casa Rosada, Milei impartió la directiva de no entorpecer el trabajo de bomberos y brigadistas. “No sirve de nada que un político sobrevuele la zona cuando hay gente trabajando abajo. Victoria quiere ir en contra de la línea. No le vamos a dar absolutamente nada”, sostuvo un funcionario nacional.
Desde el círculo cercano a Villarruel desmintieron la versión oficial y aseguraron que la vicepresidenta se encuentra de vacaciones, luego de haber visitado Río Colorado, y que su paso por el sur responde a un interés personal. “No pidió absolutamente nada”, insistieron. También cuestionaron que el Presidente se haya expresado sobre el tema mediante el uso de Inteligencia Artificial desde la Ciudad de Buenos Aires.
En los últimos días, Villarruel compartió mensajes en redes sociales vinculados a la situación en Chubut, algunos de los cuales hablaban de “insuficiente asistencia estatal”. Además, trascendió que tenía previsto recorrer el Parque Nacional Los Alerces y mantener un encuentro con el intendente local, Danilo Hernández Otaño.
No es la primera vez que la vicepresidenta se pronuncia sobre los incendios en la Patagonia. En enero de 2024 había advertido sobre la existencia de “incendios intencionales en las zonas más ricas de la región”, aunque aclaró entonces que no tenía intervención directa ni en el combate del fuego ni en la asignación presupuestaria. “Sigo atentamente lo que ocurre y me comunico con los afectados”, había señalado.
Pese a las desmentidas, desde Casa Rosada ratifican que el pedido existió y que fue rechazado por la AFE, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad. En ese sentido, el secretario de Medios y Comunicación, Javier Lanari, publicó un mensaje en su cuenta de X —replicado por Milei— en el que afirmó: “La prioridad ante las tragedias es no obstruir el trabajo de quienes salvan vidas. Hay quienes solo buscan rédito personal ante las desgracias. Caranchos políticos”.
El vínculo entre Villarruel y el Poder Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos más fríos. La relación se tensó aún más en los últimos meses tras el conflicto por la jura de los senadores de La Libertad Avanza, cuando la vicepresidenta resistió el ingreso al recinto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, episodio que derivó en la intervención de Patricia Bullrich.
Por decisión del Presidente, Villarruel también quedó excluida del aumento salarial otorgado a ministros y altos funcionarios. A fines de diciembre, la titular del Senado volvió a marcar diferencias al denunciar la falta de fondos para Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, clave para el funcionamiento de la Cámara Alta. Mientras desde el Ejecutivo hablaron de un “error administrativo”, en el Senado interpretaron la situación como una decisión política dirigida a debilitar su gestión.
