El exfuncionario menemista Guillermo Heisinger, abogado y exsubsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio del Interior, enfrenta ahora una orden de captura nacional e internacional en la causa conocida como Narcoarroz, vinculada al intento de tráfico de casi 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz.
En su página web se detalla que Heisinger nació en 1959 en San Isidro, cursó estudios en el Colegio Marín y se graduó de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí también se lo presenta como “una de las mentes detrás de la renovación en el peronismo que, en su momento, lideró Carlos Menem, a quien acompañó en diversas funciones públicas”, perfil que hoy contrasta con su situación procesal.
Heisinger estuvo preso cuatro años y tres meses, desde el 19 de septiembre de 2015 hasta el 19 de diciembre de 2019, cuando fue excarcelado. Había sido procesado como presunto miembro de una organización narco que intentó traficar 40 kilos de cocaína, en el expediente que luego sería bautizado mediáticamente como Narcoarroz.
En la etapa de instrucción, el entonces juez federal Sergio Torres —hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense— fue contundente al procesar al abogado: “De acuerdo con la profusa investigación desplegada, se puede posicionar al imputado en los niveles jerárquicos más altos”, afirmó al dictar aquella resolución.
A partir del 19 de diciembre de 2019, el exfuncionario gozó de una libertad restringida, bajo monitoreo de una tobillera electrónica, hasta que en julio de 2020 fue absuelto por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, que lo desligaron de responsabilidad penal en esa instancia.
Tras aquella absolución, Heisinger habló públicamente sobre su paso por prisión y describió las condiciones dentro del sistema carcelario. “En la cárcel, la inteligencia y la habilidad muchas veces no son el factor preponderante. En la cárcel lo que vale es la ley de la selva, la fuerza. Pero gracias a Dios pude zafar de cosas feas que me han pasado y que no quiero recordar ahora”, sostuvo en una entrevista concedida entonces.
En medio del proceso judicial, en febrero de 2020, antes incluso de conocerse el fallo absolutorio, el exfuncionario se casó con su novio colombiano, a quien había conocido en 2007. También incursionó en la escritura y publicó el libro Francisco íntimo, presentado como un trabajo sobre lo que Jorge Bergoglio, el Papa argentino fallecido el año pasado, le dijo al autor: “Palabras, recuerdos, su pensamiento y su legado”, según reza la tapa.
La trama del caso Narcoarroz y la caída de la banda
La organización criminal investigada estaba liderada por los hermanos colombianos Erman y Williams Triana Peña y fue desbaratada en septiembre de 2015, cuando ya tenía todo listo para traficar casi 40 kilos de cocaína líquida impregnados en un cargamento de 46 toneladas de arroz con destino a Guinea Bissau y Marruecos, en África, en el marco del programa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la investigación intervinieron el fallecido fiscal federal Federico Delgado y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, con apoyo de personal de la Gendarmería Nacional. En la etapa de juicio oral, donde se dictaron 13 condenas y cinco absoluciones, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Diego Velasco, que impulsó la acusación contra los distintos miembros de la banda.
La absolución de Heisinger, quien durante el gobierno de Carlos Menem fue subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio del Interior y antes había cumplido funciones en el Ministerio de Educación, nunca llegó a adquirir firmeza. La resolución fue apelada por el fiscal Velasco y la Cámara Federal de Casación Penal terminó por revocar el fallo absolutorio y ordenar que el exfuncionario sea considerado culpable y se le fije una pena acorde a la responsabilidad penal atribuida.
Frente a ese revés, la defensa del exfuncionario menemista recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal confirmó la decisión de la Casación. De ese modo, quedó firme la sentencia que ordenaba condenar a Heisinger y solo restaba determinar el monto concreto de la pena a imponer.
La audiencia a la que no fue y la orden de captura internacional
El 26 de junio pasado, Heisinger debía presentarse en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para participar de la audiencia de cesura o “fijación de pena”, la instancia en la cual se define el tiempo de prisión correspondiente a la condena. No se presentó a esa citación y su defensa alegó problemas de salud para justificar la ausencia ante el tribunal.
Con ese antecedente, el 8 de julio pasado, el juez Adrián Grunberg, integrante actual del TOF N° 5, resolvió avanzar con una medida drástica y dispuso la búsqueda del exsubsecretario. Ordenó “la inmediata captura y detención internacional” de Heisinger, al entender que no había quedado acreditada debidamente la razón médica que había sido invocada.
En su fallo, el magistrado citó el requerimiento de la auxiliar fiscal de la Fiscalía General N° 6, Luciana Cánepa, y fue explícito sobre la falta de pruebas de la supuesta enfermedad. “En atención a lo solicitado precedentemente por la auxiliar fiscal de la Fiscalía General N° 6 Luciana Cánepa, y toda vez que la defensa técnica de Heisinger no acreditó debidamente las circunstancias de salud que fueran invocadas en la audiencia del pasado 26 de junio, dispóngase la inmediata captura y detención internacional del encartado”, afirmó el juez Grunberg.
La defensa de Heisinger intentó frenar la medida mediante un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de que se revisara la decisión sobre la captura. Sin embargo, el planteo no prosperó y se encontró con un nuevo rechazo en la instancia superior.
El 21 de julio pasado, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, la Sala de Feria del tribunal de alzada declaró “inadmisible” la queja. “La vía intentada es inadmisible, por cuanto el impugnante solo manifestó su disconformidad con los argumentos denegatorios expuestos por el tribunal, sin lograr refutarlos a través de sus agravios, defecto que obstaculiza la habilitación de esta instancia por falta de fundamentación. De igual modo, no se ha acreditado adecuadamente en la especie la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Casación como tribunal intermedio, conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señalaron en la resolución.
Los otros imputados y el entramado societario
Tras dos años de debate, el juicio culminó con la condena de 13 integrantes de la banda, entre ellos Williams Triana Peña, uno de los supuestos líderes de la organización, que recibió una pena de siete años de cárcel por su rol dentro del esquema de narcotráfico que buscaba sacar la droga del país.
Su hermano Erman Triana Peña, que había permanecido varios años prófugo, fue capturado tiempo después en Portugal. Lo condenaron a seis años de prisión y luego fue expulsado de la Argentina al cumplir la mitad de la pena, ya que en Europa lo aguardaba otro proceso por delitos vinculados al narcotráfico internacional.
Otro de los nombres clave del expediente fue Carlos Yorelmy Duarte Díaz, sospechoso investigado en la Argentina que nunca llegó a ser juzgado en el país. En octubre pasado fue acribillado en un bar frente a una sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, en un hecho que cerró de manera violenta su vínculo con la causa Narcoarroz.
Durante casi siete años, Duarte Díaz estuvo prófugo de la Justicia argentina. Se había marchado del país poco antes del secuestro de los 40 kilos de cocaína. Cuando la causa ya estaba elevada a juicio, su defensa se presentó en los tribunales locales y, después de depositar el dinero fijado como caución, “quedó a derecho”, según reconstruyeron entonces fuentes judiciales.
Nacido el 5 de septiembre de 1973 en Colombia, Duarte Díaz llegó a la Argentina en 2010, en plena expansión del Cártel del Norte del Valle hacia el sur de América. Obtuvo un DNI argentino N° 94.302.381 de forma irregular, como otros miembros de la organización, lo que le permitió moverse formalmente en el sistema económico y financiero local.
Con esa documentación, Duarte Díaz pudo crear sociedades, firmar contratos y desplazarse con total libertad por el país mientras, según la acusación, lavaba dinero del narcotráfico. Su empresa insignia era International Trade and Commerce (ITC) SA, constituida en 2011 junto con Heisinger, firma que se convirtió en una pieza central del entramado económico bajo sospecha.
Entre 2011 y 2015, ITC SA administró un patrimonio millonario. Todo aparecía respaldado por contratos y operaciones formales, pero según la Justicia esos fondos tenían su origen en el narcotráfico internacional, en línea con los movimientos atribuidos al Cártel del Norte del Valle y sus ramificaciones en la región.
Duarte Díaz también ocupaba el cargo de presidente de Agro Beef SA, una empresa supuestamente dedicada a la actividad agropecuaria, y era socio de Hard Business SA. Tenía oficinas en el séptimo piso de Viamonte 611, en plena city porteña, y un estilo de vida acorde a su fachada de empresario.
El colombiano vivía en Nordelta, en el lote 225 del complejo Los Sauces, aunque la propiedad figuraba a nombre de un presunto testaferro. Iba y venía entre Buenos Aires, Rosario y Uruguay, firmaba contratos millonarios y se presentaba como un exitoso hombre de negocios colombiano radicado en Argentina, hasta que la mano de un sicario y cuatro balas terminaron con su vida en su país natal.
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