El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de la discusión política a partir de un pedido de informes del bloque de diputados de Provincias Unidas, que apunta al manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) y a la falta de transparencia en el uso de fondos que debían destinarse a obras.
La iniciativa, encabezada por la presidenta de la bancada, la santafesina Gisela Scaglia, reclama al Poder Ejecutivo información precisa sobre el dinero ingresado al sistema, los montos efectivamente destinados a infraestructura vial y el destino de los recursos que no fueron ejecutados, en un contexto de rutas colapsadas y sin respuestas claras desde el Gobierno nacional.
Según la documentación citada en los fundamentos del proyecto, entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial recaudó $1.503.252 millones, mientras que solo $394.406 millones fueron ejecutados en infraestructura vial. Esto implica que apenas el 26,2% de los recursos llegó efectivamente a las rutas, mientras que más de un billón de pesos quedó inmovilizado en instrumentos financieros.
En ese marco, Scaglia fue tajante: “Las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes”, advirtió, al poner en números la brecha entre lo recaudado y lo que realmente se volcó al asfalto.
Qué quiere saber el Congreso sobre el SisVial
El pedido de informes exige al Gobierno nacional que detalle cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto debía destinarse a infraestructura vial, cuánto fue efectivamente ejecutado y dónde se encuentran hoy los fondos no utilizados, para despejar cualquier duda sobre el manejo de un esquema creado con un fin específico.
Además, se reclama conocer qué obras se realizaron con esos recursos, qué organismos estuvieron a cargo del control de su administración y bajo qué normativa se tomaron las decisiones vinculadas al manejo de los fondos, en un escenario de creciente preocupación por el deterioro de corredores estratégicos para el interior productivo.
El planteo legislativo subraya que estos corredores son fundamentales para el traslado de granos, insumos y mercadería hacia los principales centros industriales y portuarios, por lo que cada kilómetro sin mantenimiento se traduce en más costos, más riesgos y menos competitividad para las economías regionales.
El reclamo de Santa Fe por las rutas nacionales
Scaglia puso especialmente el foco en la situación de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, una de las principales provincias agroindustriales del país, donde el contraste entre lo que se recauda y lo que se invierte se ve todos los días en el estado del pavimento.
Y recordó: “Hace años venimos reclamando por las rutas nacionales. Santa Fe está atravesada por corredores fundamentales para el corazón productivo de la Argentina. Las rutas 33 y 34 deberían ser autopistas y hoy representan un riesgo permanente para quienes las transitan”, sostuvo.
La legisladora remarcó que el problema excede la discusión partidaria y afecta directamente a la seguridad vial, la competitividad y el desarrollo del interior productivo, al convertir cada viaje en una combinación de baches, banquinas comidas y sobrecarga de camiones.
En ese sentido, marcó responsabilidades de largo plazo: “No le echemos la culpa solamente a este Gobierno. La falta de infraestructura viene desde hace muchos años. Lo que hoy no puede faltar es el mantenimiento. No podemos seguir naturalizando rutas destruidas mientras miles de familias y trabajadores las transitan todos los días”, agregó.
La Ruta A012 y un traspaso que no alcanza
En este escenario, la diputada destacó el reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe para transferir la administración de la Ruta Nacional A012, un corredor clave para el acceso a los puertos del Gran Rosario, que llevaba años reclamando obras sin respuestas concretas.
A partir del traspaso, la provincia asumirá la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la ruta con recursos propios, con el objetivo de acelerar las intervenciones y evitar seguir esperando decisiones desde Buenos Aires, en un tramo vital para la salida de la producción agroindustrial.
Scaglia valoró el paso, pero marcó límites: “La transferencia de la A012 es un paso importante y valoramos que el Gobierno nacional haya acompañado ese pedido de Santa Fe. Era una obra estratégica para nuestra producción y ahora la provincia va a hacer el esfuerzo económico para ponerla en condiciones”, señaló.
Sin embargo, advirtió que la medida no resuelve el problema general de la red vial nacional, donde cientos de kilómetros siguen dependiendo de un esquema de financiamiento que recauda miles de millones pero muestra poco en el terreno.
Rutas 7, 8 y 33: la Justicia entra en escena
A los reclamos legislativos se sumó en los últimos días una decisión de la Justicia Federal, que ordenó la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe, obligando al Estado a actuar donde la política viene demorando respuestas.
Para Scaglia, la resolución judicial refuerza un reclamo que la provincia sostiene desde hace años frente al deterioro de la infraestructura, en tramos donde los siniestros viales y los embotellamientos se volvieron parte del paisaje cotidiano.
Y lanzó un mensaje directo: “Lo que hoy estamos diciendo es muy simple: arréglennlas, corten el pasto e ilumínenlas. Mirá qué poco estamos pidiendo. Estamos hablando de tareas básicas para que la gente pueda viajar con seguridad”, sostuvo.
Fondos específicos, control legislativo y competitividad
Desde Provincias Unidas remarcaron que el pedido de informes no busca discutir un modelo determinado de gestión vial, sino garantizar transparencia sobre el uso de recursos públicos que tienen una afectación específica, en un fideicomiso que fue creado precisamente para financiar obras y no para engordar carteras financieras.
En esa línea, Scaglia sintetizó el planteo: “Queremos saber qué pasó con los recursos que los argentinos pagan para mantener las rutas nacionales. No estamos discutiendo un modelo de gestión; estamos pidiendo información y transparencia sobre fondos que la ley creó con un destino específico”, afirmó.
El reclamo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el sector agropecuario: el estado de las rutas nacionales no solo representa un problema de seguridad y transitabilidad, sino que también impacta de lleno en los costos logísticos y en la competitividad de las economías regionales.
En las zonas productivas, una red vial deteriorada incrementa los tiempos de traslado, los costos de transporte y las dificultades para movilizar la producción hacia puertos y mercados, por lo que el uso real de los fondos del SisVial se convirtió nuevamente en un tema sensible para el interior productivo.
