Decenas de manifestantes nucleados en el Movimiento de Familias Endeudadas irrumpieron con cacerolas en las puertas de las principales entidades financieras porteñas y en el Banco Central para exigir refinanciaciones razonables frente a la disparada en el cese de pagos de préstamos, créditos o tarjetas.
Los afectados denuncian que las entidades “se aprovechan y cobran tasas de interés exorbitantes que no se pueden cumplir, además de acosar permanentemente a las familias, inclusive antes de que entren en mora”, en un marco de complicidad con las políticas económicas del Gobierno.
Con pancartas que rezaban “La deuda familiar también es una emergencia” y “No queremos créditos para comer, queremos salarios para vivir”, la columna partió desde la esquina de Florida y Sarmiento. La movilización recorrió entidades privadas como el banco Macro y el Galicia, concluyendo en la sede que conduce Santiago Bausili, recientemente cuestionado por el manejo de las reservas en lingotes de oro.
La referente de la organización, Laura Bitto, detalló el origen del reclamo colectivo: “Pensamos que las salidas individuales no funcionan, son muchísimo más difíciles, entonces, juntos vamos a hacer más fuerza para tratar de ponerle un freno a los bancos y al Gobierno”. Desde la asunción de Javier Milei, el nivel de mora en los hogares pasó del 2,8% en diciembre de 2023 al 12,9% en junio de este año, alcanzando a más de 6 millones de personas.
Asesoramiento legal y tasas abusivas
Frente a este complejo panorama, un colectivo de letrados ofrece patrocinio gratuito a través de la línea telefónica 11-67831111, destacando su vocación comunitaria: “Creemos en poner la credencial al servicio del pueblo”, aseguró el abogado Ramiro Geber.
Bitto alertó sobre la asimetría de poder que padecen los usuarios ante los bancos y billeteras virtuales: “Te hacen firmar cosas que después terminás pagando a tasas usurarias, y es tan cínico que, como vos estás en una situación acuciante, ni leés, firmás porque no te queda otra, porque necesitás el crédito para vivir”.
Desde la entidad ya atendieron más de 200 consultas urgentes. Según explicaron los coordinadores, más del 90% corresponde a familias que toman créditos para “llegar a fin de mes, pagar impuestos, alquileres, comprar la comida, hay muchísimas deudas de tarjetas de alimentos de los supermercados, que también dependen de los bancos”, rechazando de plano que se trate de préstamos para bienes suntuarios.
Casos extremos y desregulación financiera
Los testimonios dan cuenta de una escalada asfixiante cotidiana. Melina, obrera de la construcción en La Plata, relató que debió recurrir a financiamiento para solventar la canasta básica: “El problema es que una pequeña deuda, al pasar el tiempo, se transforma rápidamente en una deuda imposible de afrontar”. En su situación particular, los recargos llegaron a un nivel insostenible: “Ya estamos hablando de un interés punitorio que, en mi caso, es del 1300 por ciento”.
El riesgo se profundiza en las plataformas informales de crédito digital, donde se registran amenazas y cobros exorbitantes. El abogado Geber reveló que una persona endeudada por 10.000 pesos terminó debiendo 640.000 pesos tras sufrir un hostigamiento atroz: “Le mandaron 143 mails y 60 mensajes en WhatsApp. Uno de ellos decía que si no pagaba, le iban a mandar a unos colombianos”.
Estas maniobras operan en la opacidad absoluta y bajo el amparo de la normativa vigente. La desregulación financiera cobró fuerza a partir del DNU 70/2023, que derogó los topes a los punitorios y liberó la emisión de plásticos comerciales sin regulación estricta del Estado.
Por último, Bitto remarcó el trasfondo estructural de este modelo: “Así como vienen y quieren saquear las tierras, y todo lo que tenemos como patrimonio argentino, el sistema financiero hoy está puesto al servicio de un modelo de país que viene a saquear todo y entregar la soberanía. En esa volteada caemos nosotros, los laburantes”.
