Bullrich defendió el “orden” de 2025 mientras la Justicia anuló el protocolo antipiquetes
Patricia Bullrich eligió el cierre de 2025 para blindar su gestión en Seguridad con una frase de impacto: “lo que hicimos en 2025 fue extraordinario”. En el posteo, destacó “hitos históricos” y “récords de incautaciones e inversiones”, sin detallar cifras ni auditorías públicas que permitan contrastar esos logros.
El mensaje también funcionó como acto político: atribuyó el “rumbo claro” al presidente Javier Milei y presentó la continuidad con Alejandra Monteoliva como garantía de que no habrá correcciones. En esa idea, la seguridad aparece más como bandera identitaria que como política sometida a control democrático.
Rendición de cuentas pendiente
Bullrich sintetizó su doctrina con consignas: “el que las hace, las paga” y “cuidar a quienes nos cuidan”. En una gestión atravesada por la discusión sobre protestas y uso de fuerzas federales, el balance oficial insistió en eslóganes y evitó responder lo central: qué resultados verificables hubo y a qué costo institucional.
La propia cronología le restó épica al mensaje. La defensa llegó después de que la Justicia cuestionara el corazón operativo de la estrategia en la calle. El problema, para el oficialismo, no fue solo la crítica política: fue el dictamen judicial que habló de nulidad e ilegitimidad.
Un protocolo en disputa judicial
El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes establecido por la Resolución 943/23, a partir de un amparo del CELS. Según el fallo, el Ejecutivo avanzó sobre facultades del Congreso y lesionó derechos vinculados a la protesta, reunión y expresión.
El Gobierno respondió con la lógica de confrontación y aseguró que apelaría la decisión. La Justicia aceptó el recurso, por lo que el protocolo seguiría vigente mientras se resuelve el caso, pero el pronunciamiento de fondo quedó como señal de alarma institucional.
Continuidad sin corrección
Lejos de tomar nota del revés judicial, Bullrich proyectó 2026 como continuidad pura. Monteoliva asumió con el objetivo oficial de profundizar la “doctrina de Seguridad y Orden”, lo que refuerza la idea de que el Gobierno interpreta el fallo como obstáculo y no como límite.
En ese marco, el balance “extraordinario” suena más a cierre de campaña que a rendición de cuentas. Cuando una política pública termina judicializada por exceso de atribuciones, el problema no es la narrativa: es el método. Y si la respuesta es duplicar la apuesta, el conflicto se traslada del delito a la calidad institucional.