En la pulseada por la ley de tierras y la extranjerización de la propiedad rural, el Gobierno dio un giro clave: mantendrá un tope máximo para la compra de campos por parte de extranjeros, pero lo elevará del 15% actual al 25%, con el objetivo de destrabar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El anuncio lo hizo la exministra de Seguridad y una de las máximas referentes políticas del oficialismo, Patricia Bullrich, quien confirmó además que la sesión en el Senado se realizará este jueves.
En medio de fuertes críticas al proyecto, Bullrich fue la encargada de salir a dar la defensa técnica y política de la iniciativa enviada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuya votación ya debió suspenderse en cuatro oportunidades por falta de votos asegurados.
La funcionaria explicó que el cambio en el tope busca, según sus palabras, “eliminar los fantasmas de que se van a quedar con el agua y los recursos naturales”, en referencia a las sospechas sobre el avance de capitales extranjeros sobre zonas estratégicas.
Y remarcó: “El acceso al agua está garantizado en todas las leyes argentinas y depende de las justicias provinciales”, apuntó, intentando despejar uno de los núcleos de mayor sensibilidad en la discusión.
Críticas al kirchnerismo y defensa del nuevo esquema
Bullrich puso el foco en la norma vigente, aprobada en 2011 durante el kirchnerismo, y sostuvo que “lo único que hizo fue evitar la inversión”, al cuestionar la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese marco, lanzó una acusación directa contra la ex presidenta: “La única vez que se entregó soberanía fue al gobierno chino con la instalación de una base espacial”, disparó, aludiendo al convenio con China en Neuquén.
La modificación del tope al 25% implica una marcha atrás significativa para el oficialismo, que en su proyecto original eliminaba por completo cualquier límite porcentual a la extranjerización de la tierra.
Bullrich reconoció que el nuevo techo fue una exigencia de los bloques aliados y que el Gobierno lo aceptó porque les pareció “razonable” y alineado con estándares regionales.
“Hemos puesto límite del 25% porque Brasil tiene ese porcentaje. Uruguay, Chile, Paraguay y México no tienen nada. Fue en acuerdo con nuestros aliados, y Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años”, detalló la ministra.
Tope nacional y provincial, pero sin límite municipal
Pese a la concesión, Bullrich confirmó que el nuevo tope del 25% regirá solo a nivel nacional y provincial, pero no se aplicará a escala municipal, un punto que mantiene encendidas las críticas de especialistas y opositores.
Hoy se estima que alrededor de un 5% del territorio rural argentino está en manos de capitales o personas extranjeras, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas.
Si bien ninguna provincia supera todavía el 15% de extranjerización, hay más de 30 departamentos que sí lo hacen, y un puñado de ellos –considerados estratégicos– incluso superan el 50% de tierras en manos foráneas.
Entre esos casos se encuentran Campana, en la provincia de Buenos Aires, con 50,27% de su superficie rural en manos extranjeras y un puerto clave; el departamento General Lamadrid, en La Rioja, cercano al Parque Nacional Talampaya, con 56,7%; el departamento Lácar, en Neuquén, con 54,17%; y en Salta, los departamentos de San Carlos, con 59,82%, y Molinos, con 57,79%.
En ese contexto, desde el oficialismo insisten en que “el límite es provincial” y que la radiografía actual responde en buena medida a operaciones realizadas antes de la sanción de la Ley de Tierras de 2011.
Se estima que, para cuando se aprobó aquella norma, muchos de esos distritos ya superaban el 15% de tierras vendidas a extranjeros.
Otro caso emblemático es el de Iguazú, en Misiones, lindante con Brasil y Paraguay, donde la extranjerización alcanza el 39,95% del territorio rural.
Qué mantiene el nuevo borrador de la ley de tierras
Más allá del cambio en el tope general, el nuevo borrador mantiene todos los otros puntos centrales propuestos por el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger en el proyecto original.
Entre ellos, se elimina la prohibición que impedía que un mismo titular extranjero pudiera superar la compra de 1000 hectáreas en zonas núcleo –las de mayor productividad– o su equivalente en otras regiones del país.
También se levanta la prohibición de adquirir tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua importantes o que se encuentren en áreas de seguridad de frontera, siempre dentro del porcentaje habilitado para la compra por parte de extranjeros.
Además, se elimina la restricción que establecía que las personas de una misma nacionalidad no podían poseer más del 30% del territorio total habilitado para la compra de extranjeros.
En el caso de las tierras de frontera, se mantiene el esquema de doble conforme: seguirá siendo necesaria una autorización explícita tanto de la provincia correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional.
Poroteo fino en el Senado y tensión política
En el plano estrictamente político, el oficialismo llega a la sesión con una aritmética ajustada. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar al menos 16 voluntades adicionales para garantizar la aprobación del proyecto.
Del otro lado, los 25 legisladores de Unión por la Patria ratificaron que se mantienen unificados en el rechazo a la iniciativa.
En las últimas horas surgió, además, un condimento extra: la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, que cursa un embarazo avanzado, tiene prohibición médica de realizar viajes largos por aire o por tierra y reclama que se la habilite a votar de manera virtual, como ocurrió durante la pandemia.
En contra del proyecto también se pronunció la cordobesa federal Alejandra Vigo y los tres senadores de Convicción Federal, que ya habían presentado un dictamen propio sobre el tema.
Los dos senadores misioneros, por su parte, dejaron trascender que acompañarían la norma en general, pero votarían en contra del capítulo específico de Tierras.
Los dos representantes de Santa Cruz también se inclinarían por el rechazo, lo que complica aún más el escenario para el oficialismo.
Dentro de la UCR el panorama es de fractura: al menos tres de los 10 senadores radicales no estarían dispuestos a respaldar el proyecto tal como está redactado.
El rol de Villarruel y la definición del desempate
En caso de empate en la votación, se abre otro capítulo de tensión institucional. La vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya expresó su rechazo a la ley de tierras y llegó a cruzarse por WhatsApp con Bullrich por este tema, no podrá ejercer su rol de desempate.
Villarruel estará a cargo de la Presidencia de la Nación durante el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia, por lo que no presidirá la sesión del Senado.
En su lugar, la conducción del recinto quedará en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien sí podrá votar y, eventualmente, definir el resultado en caso de igualdad.
De este modo, La Libertad Avanza no perderá un voto clave en una de las discusiones más sensibles del paquete de reformas, donde la combinación entre ley de tierras y extranjerización de la propiedad rural vuelve a encender alarmas políticas, económicas y de soberanía en todo el arco opositor.
