Bolivia: ordenan investigar a 600 miembros del gobierno de Evo Morales
El Gobierno de facto de Bolivia decidió investigar a unas 600 autoridades de la administración del expresidente Evo Morales por sospechas de corrupción, informó este miércoles el Ministerio de Justicia. Entre ellos, el exmandatario, su vice y la totalidad de su Gabinete.
“Se decidió iniciar las investigaciones contra 592 exautoridades del órgano ejecutivo del anterior gobierno”, dijo Mathías Kutsch, director de Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia. El funcionario informó que las pesquisas se abren contra exautoridades “actualmente refugiadas en el extranjero”.
Aunque no precisó los nombres de los investigados, sí comunicó sus cargos durante la gestión de Morales. Entre ellos figuran el propio expresidente, su vicepresidente Álvaro García Linera, sus ministros, viceministros, jefes de gabinete y personal de confianza de la administración pública.
Kutsch precisó que la indagación es para “identificar quiénes son las personas que cometieron delitos de corrupción, que desviaron los recursos públicos y, principalmente, los desviaron a otros países”.
El gobierno de facto de Jeanine Áñez también activó una “orden de apremio internacional” contra Morales, asilado en Argentina, para evitar su participación en un foro de derechos humanos en Chile, informó este miércoles el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, pero el exmandatario dijo que no está invitado.
El líder izquierdista dijo en su cuenta de Twitter que carece de “invitación oficial” o información acerca de ese foro. “No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en #Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como presidente indígena, piden mi detención”, escribió.
En la misma conferencia de prensa, Murillo presentó a una mujer -de quien dijo es allegada al exministro Juan Ramón Quintana, hombre fuerte de Morales- que había sido detenida horas antes, cuando intentaba viajar hacia Argentina con 100.000 dólares en efectivo. “Nosotros presumimos que es para financiar al terrorismo”, explicó.
El ejecutivo de facto asumió funciones el 13 de noviembre pasado, tras la dimisión tres días antes de Morales por un golpe de Estado.
Desde su llegada al poder, Áñez denunció con frecuencia actos de corrupción durante los casi 14 años de gobierno de Morales, especialmente en empresas públicas como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la compañía de transporte Mi Teleférico y la petrolera YPFB.