Bicameral del Defensor del Pueblo: la Cámara Baja nombró a sus representantes
Los integrantes por el Senado para integrar la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo serán elegidos la próxima semana en un encuentro de bloque. El proceso para elegir al ombudsman de la provincia, como lo dicta la Constitución reformada en 2008, dio su primer paso cuando la Cámara Baja nombró a sus representantes. Mariano López y Sebastián Aguilar suenan fuerte en los pasillos legislativos.
Los oficialistas Juan Navarro, Martín Uranga, María Laura Stratta y Pablo Mendoza; Agustín Federik y Jorge Monge por el radicalismo; y Rosario Romero y Diego Lara, por el Frente Entrerriano Federal serán quienes representen en la Bicameral a la Honorable Cámara de Diputados.
Tras haberse cumplimentado todas las etapas de presentación de candidatos y de audiencias públicas, habiéndose analizado antecedentes sin impugnaciones se conformó una terna que propuso al ex senador justicialista Mariano López como defensor; y Jorge Moreyra Ghiglione y Sebastián Aguilar como adjuntos.
Sin embargo, al elevarse la proposición a Diputados, en Cámara Baja se refutó la forma en que se elevaron los nombres para dar el acuerdo coyuntura que generó confusión, reprobación y reacciones diversas, al quedar el concurso en stand by, trayendo como efecto dominó el paulatino retiro de pliegos y generando la duda en lo inherente a cómo se plasmará el nuevo proceso, y hete aquí semejante incertidumbre pues continuaría retrasando una nominación imprescindible.
Pues constituye un órgano de control de los actos de la Administración Pública tendiente a impedir que sus empleados o funcionarios vulneren cualquiera de los derechos que la ley reconoce a las personas. Si esta situación ocurriera, podrán acudir al Defensor del Pueblo para que actúe en defensa de los derechos o el interés violado ante los organismos administrativos competentes, o si fuere necesario, ante los Tribunales para impedir esa situación ocurra o para que cesen sus efectos.
Este organismo pone llanamente en manos de la gente un organismo con capacidad suficiente como para acudir en auxilio cualquier tipo de violación a sus derechos o intereses que la ley reconoce y protege, tanto individuales como colectivos o difusos.
No sólo los actos abusivos quedarán comprendidos, también las omisiones que facilitan o permiten que una actividad privada viole un interés colectivo.
Y bien vale la pena recordar que el Defensor del Pueblo será absolutamente independiente de cualquier autoridad y funcionará con una autonomía total de los tres poderes del Estado, sin que pueda recibir instrucciones de nadie.
Por ello cuenta con la facultad de requerir informes inmediatos y de requerir la realización o la omisión de actos de la Administración, incluso con prelación, lo que significa que tiene preferencia en el trámite del pedido para que no pueda ser demorado con cualquier argucia.
En los pasillos legislativos hay dos nombres que suenan fuerte y coincidentemente son dos de los tres elegidos en la anterior compulsa: Mariano Alberto López, miembro del Directorio del Ente Regulador de los Recursos Termales de la provincia Entre Ríos, y Sebastián Aguilar, actual vice-rector de la UADER.
Semejante candidatura requiere un perfil particular, pues el elegido no puede ser ni un manso ni un complaciente pues se habrá de enfrentar con el Poder en defensa de la gente, precisamente cuando es el Poder quien vulnera sus derechos, esgrimiendo una conducta batalladora en defensa de los amplísimos intereses que la Constitución le confía, siendo el exsenador por el Departamento Colón quien mayores adhesiones tendría por parte de la mayoría de los Camaristas y hasta del propio gobernador, al exhibir nada menos que antecedentes de una gestión legislativa impecable.