¡Basta de inseguridad! Es imperioso frenar una inmigración denigrante

La Ley de Migraciones de 2004, y sus innovaciones de 2010, son los instrumentos que aun permiten el flujo irrestricto legal de personas extranjeras, el cual sería bienvenido si tuviéramos para ofrecerles a los que ingresan algo más que incorporarlos a bolsones de pobreza. Más allá de la difícil realidad de quienes viven en los asentamientos, lo dramático es el ritmo de crecimiento de estos en los últimos años, tanto en número como en cantidad de habitantes.

 

A nadie se le ocurre pensar en establecer impedimentos discriminatorios o segregacionistas contra los inmigrantes, ni establecer procedimientos de zonificación, pero tampoco tiene lógica facilitar activamente el ingreso de pobladores de dudosa cualificación que, muy probablemente, van a pasar a incrementar el porcentual de habitantes bajo la línea de pobreza.

 

Hay una significativa distancia entre las “puertas abiertas” a la inmigración, que se anuncian como política solidaria hacia los países vecinos, y la realidad con que esos inmigrantes se encuentran una vez adentro.

 

Abrir las puertas en forma plena e irrestricta no favorece a nadie. Y admitir la expansión de las villas es sólo postergar la solución, tanto para los argentinos que viven en ellas como para los miles de todo el mundo ya radicados allí.

 

¿No sería más lógico frenar la expansión y concentrar los recursos en ayudar a los que ya están instalados? La falta de puestos de trabajo y la baja cualificación laboral de muchos de los nuevos inmigrantes los condenará a ingresar en talleres clandestinos que utilizan mano de obra esclava. Eso constituye una grave falta a las políticas que protegen los Derechos Humanos.

 

Hoy, el Estado en todas sus jurisdicciones, asegura el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, más allá de lógicos períodos de radicación tenidos en cuenta ante ciertos “Derechos” que se les adjudica.

 

Daría la sensación de no evaluarse el impacto de los flujos migratorios en lo inherente a pobreza, vulnerabilidad y marginación. Por lo cual, si queremos promover esa inclusión social, necesitamos con urgencia un plan para reconvertir las villas y urbanizar los asentamientos, como de modo fundamental, gestar una acérrima revolución productiva en pos que HAYA TRABAJO PARA TODOS Y TODAS, en especial para los nacidos y criados en NUESTRA Patria.

 

Pero es inevitable tener en cuenta que la actual política migratoria, lamentablemente, apunta en sentido inverso, ya que contribuye, quizás sin quererlo, al incremento del número de excluidos en nuestra sociedad.

 

La política inmigratoria argentina ha sido contradictoria desde el comienzo, pero sus consecuencias agravaron la situación en los últimos treinta años. En muchos países, la medicina no es gratuita y la educación tampoco. Aquí no se les cobra nada a extranjeros por estudiar en los centros universitarios u operarse en los hospitales públicos.

 

Sostenemos, una solución sólida pasa por endurecer al extremo las leyes para ingresar al territorio nacional. Mientras la Argentina continúe con su permisividad, la degradación de la sociedad y de las instituciones seguirá su camino inexorable.

 

La responsabilidad principal por las definiciones sobre el tema inmigratorio corresponde al Congreso de la Nación en estrecha cooperación con el Poder Ejecutivo luego de una discusión profunda y transparente sobre la cuestión en la que puedan participar las autoridades provinciales y la sociedad civil. O sea… Es un tema que exige un imprescindible, inmediato y HONDO DEBATE NACIONAL.