Báez tampoco contestó preguntas y presentó un escrito ante el juez Ercolini
Lázaro Báez fue trasladado a Comodoro Py desde el penal de Ezeiza, donde está detenido por la causa de “La Ruta del Dinero K”, por la que está procesado. El exzar de la obra pública K debía ser indagado por el juez federal Julián Ercolini, que lo citó en la causa por corrupción en la obra pública. Como era previsible, Báez presentó un escrito y no contestó preguntas, del mismo modo que otros de los dos imputados en la causa, la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Planificación Federal Julio de Vido. En el caso se investiga si hubo un plan para beneficiarlo con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Tanto el exzar de la obra pública en Santa Cruz -que obtuvo la mayor cantidad de contratos en la provincia, durante el kirchnerismo- como su abogado defensor Maximiliano Rusconi discutieron con el fiscal federal Gerardo Pollicita, que junto a su par Ignacio Mahiques presentó la denuncia y luego la amplió.
El detenido empresario K le dijo a Pollicita que “no era clara” su imputación en esta causa y que los actos ajenos de Cristina “no tienen nada que ver” con él. Rusconi también tuvo un acalorado intercambio con el fiscal por el pedido de nulidad -que fue desestimado-. El abogado dijo que la acusación a su defendido “es imprecisa”.
La indagatoria a Báez se produjo un día después de que el abogado de sus hijos, Santiago Viola, contradijera a Cristina, que había declarado que no tenía relación con el detenido empresario K. Viola aseguró que en el expediente “hay constancia de negocios en común” entre la exmandataria y el titular de Austral Construcciones.
Viola indicó que los hijos del empresario, Leandro, Luciana y Melina, “están convencidos que cualquier aporte que el padre pueda hacer en el expediente le serviría para tener una mejor situación procesal y para estar más cerca de ellos y de su familia”, pero aclaró que “ya no insisten” para que se presente como arrepentido.
Por la misma causa mañana deberá declarar el exsecretario de Planificación José López, también detenido en Ezeiza y procesado por enriquecimiento ilícito tras ser arrestado en el convento de General Rodríguez, donde trató de esconder bolsos con casi 9 millones de dólares. Un día después será el turno del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
En la ampliación de la acusación de la denuncia, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se centraron en tres puntos. En primer lugar indicaron que el Presupuesto -tanto de los gobiernos de Néstor como de Cristina- se amplió para otorgar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mayores partidas de dinero y, en el caso de Santa Cruz, para que este organismo contratara al amigo y socio de los exmandatarios.
Los fiscales también acusaron que los fondos que recibían las empresas del Grupo Báez fueron reforzados por decretos de necesidad y urgencia que fijaban reasignaciones presupuestarias. Los fiscales explicaron que había una suma de dinero extra para las empresas de Báez que provenía de un impuesto al gasoil: de cada litro se destinaban cinco centavos para el fideicomiso destinado a financiar obras públicas.
A partir de estos fundamentos, los fiscales consideraron que durante el kirchnerismo hubo una “decisión en lo más alto del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, que paralelamente le garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”.
Pollicita y Mahiques aseguraron que para poder hacer esta maniobra delictiva los Kirchner colocaron a personas de su extrema confianza en cargos clave del Ejecutivo y del Ministerio de Planificación Federal. Entre los funcionarios acusados se encuentra el primo del expresidente, Carlos Santiago Kirchner.
Luego de presentarse ante Ercolini, Báez pasó al despacho de otro juez federal, Daniel Rafecas, que citó al empresario K para que declarara sobre si fue o no presionado para callarse, en la causa de “La Ruta del Dinero K”.
La causa en la que Báez declaró como damnificado se abrió por una denuncia del propio juez federal Sebastián Casanello, que lo investiga por lavado de dinero y que había pedido que otro magistrado investigara las declaraciones del acusado sobre supuestas presiones para callarlo ante la Justicia.
“Me están apretado para que me calle, me están apretando para que no siga hablando”, había dicho el titular de Austral Construcciones en una extensa entrevista a Infobae.