La oposición logró un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a fin de que brinde explicaciones por la no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, la chance de una eventual moción de censura o remoción parece desvanecerse.
El dictamen, respaldado por 29 firmas de Unión por la Patria (UP) y por la mayoría de los bloques Encuentro Federal (EF) y Democracia para Siempre (DpS), fue aprobado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. El oficialismo y el PRO firmaron un dictamen de rechazo (19 firmas), mientras que un sector minoritario de EF y DpS presentó un dictamen intermedio (7 firmas) que sólo plantea la interpelación sin referencia a la moción de censura.
El texto de mayoría dispone que Francos sea interpelado por la decisión de suspender la Ley 27.793, y que la Cámara defina en la misma sesión si corresponde avanzar con una moción de censura.
El diputado Oscar Agost Carreño (EF) defendió la medida al explicar que “primero hay que escucharlo y que explique los motivos por los cuales decidió no cumplir con una ley” y que luego el Congreso deberá “evaluar si conserva o no la confianza del cuerpo”. Aclaró que “no se busca su remoción”, aunque el artículo 101 de la Constitución “habilita a presentar proyectos en ese sentido”.
Dicho artículo establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado y eventualmente removido con mayoría absoluta de ambas Cámaras. Sin embargo, Agost Carreño subrayó que el objetivo es político e institucional: “El jefe de Gabinete firmó un decreto que dice que no va a cumplir una ley. Nos corresponde interpelarlo y exigir explicaciones”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue promulgada el 22 de septiembre, tras el levantamiento del veto, pero el Ejecutivo dispuso suspender su aplicación hasta tanto el Congreso defina una fuente de financiamiento.
El diputado Daniel Arroyo (UP), autor del proyecto original, alertó que “la situación de las personas con discapacidad está colapsada” y calificó la decisión del Gobierno como “inconstitucional, absurda y brutal”. Explicó que los talleres protegidos, transportistas y acompañantes terapéuticos siguen cobrando valores desactualizados y denunció que el Ejecutivo “tiene presupuesto prorrogado, reasigna fondos constantemente, pero no cumple con esta ley”.
A su vez, Pablo Juliano (DpS) cuestionó la “arbitrariedad del Gobierno” al suspender la ejecución de la norma: “Le estamos pidiendo un milagro: que lea la ley y destine las partidas de un presupuesto autoprorrogado”, expresó. Aunque sostuvo que su espacio no quiere “darle argumentos a un Gobierno tan débil” ni “alimentar acusaciones de golpismo”, insistió en que Francos debe rendir cuentas.
Desde la UCR, Rodrigo de Loredo consideró que “una moción de censura sería desproporcionada y poco constructiva”, aunque advirtió que la “chicana promulgatoria” del Gobierno “tendrá consecuencias judiciales”.
La diputada Silvana Giudici (PRO) coincidió en que la figura “no está reglamentada” y que su uso “con desmesura puede interpretarse como un intento de desestabilización”.
Finalmente, la oficialista Nadia Márquez (LLA) defendió al jefe de Gabinete al afirmar que “no hubo una decisión personal de suspender la ley”, sino que “la norma carece de definición sobre su financiamiento”. Sostuvo además que “la moción de censura no se basa en la confianza política, sino en el cumplimiento del derecho”.
El debate continuará en las próximas semanas, mientras la oposición busca fijar fecha para la interpelación y el oficialismo intenta contener el impacto político del conflicto.
