Atentado contra la AMIA: piden la renuncia de Eduardo Casal como procurador interino
Después de que la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA (UFI-AMIA) se convirtiera en el eje de las críticas de las víctimas, el Estado nacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las audiencias que se realizaron la semana pasada en Montevideo, pidieron la renuncia del procurador interino Eduardo Casal y que se someta a jury al fiscal a cargo de la repartición, Sebastián Basso.
La presentación fue hecha en la mañana de este lunes por el abogado Alejandro Rúa, extitular de la Unidad Especial de Investigación del atentado de la AMIA (UEI-AMIA). En su escrito Rúa reclama que Casal deje su cargo como titular interino de la Procuración por ser responsable de la designación y mantener en el cargo pese a las denuncias de las víctimas al fiscal Basso. Según Rúa, hay gravedad institucional en la conducta de Casal.
El pedido de Rúa es el primer impacto tras las audiencias del jueves y viernes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por la investigación fallida del atentado del 18 de julio de 1994. En 1999, Memoria Activa había hecho una denuncia contra el Estado argentino por no haber prevenido ni investigado el ataque. En 2005, se llegó a un acuerdo de solución amistosa con el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, ante la impunidad y la falta de verdad, Memoria Activa pidió que la Corte-IDH condene al Estado argentino.
La representación estatal –encabezada por la actual titular de la UEI-AMIA, Natalia D’Alessandro– reconoció el viernes que Argentina es responsable por todas las manifestaciones de impunidad de la causa AMIA. La funcionaria apuntó a la fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal –a cargo de Raúl Pleé– por no haber sostenido los recursos contra la absolución parcial de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –por quienes también el gobierno de Mauricio Macri protagonizó un escándalo al no quererlos acusar en el juicio por el encubrimiento del atentado que se llevó adelante entre 2015 y 2019–.
La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, reclamó cambios en la fiscalía a cargo de la investigación del atentado. “Es urgente que el Estado revise la integración de la UFI-AMIA a fin de garantizar que cuente con los recursos técnicos y humanos que, al tiempo de ofrecer confianza a las víctimas, logre subsanar las irregularidades y darle un impulso auténtico a la investigación”, sostuvo en su alegato del viernes último.
Durante las audiencias, las dos referentes de Memoria Activa, Diana Wassner y Adriana Reisfeld, habían dicho que no tenían contacto con los fiscales que están a cargo de la UFI-AMIA, que no les conocen las caras porque no las convocaron más a la oficina para informarles cómo avanza –o no avanza– la investigación. Reisfeld se refirió a la UFI-AMIA como una “fiscalía fantasma”.
En febrero de 2020, Memoria Activa le había pedido a Casal la remoción de Basso porque es sobrino de la excamarista Luisa Riva Aramayo. La “Piru” Aramayo visitaba a Carlos Telleldín mientras estaba preso y fue parte del armado que incluyó un pago de 400.000 dólares –hecho con fondos reservados de la entonces SIDE– al reducidor de autos para implicar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado.
La agrupación también había remarcado que su designación se decidió sin consultas previas a diferencia de lo que había sucedido con el grupo de fiscales que se hicieron cargo de la UFI-AMIA durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y tras la muerte de Alberto Nisman. En esa época, la UFI-AMIA logró –después de 22 años– identificar a la víctima 85 del atentado.
El presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez Manrique, le pidió al Estado argentino que no espere a la condena –que podría conocerse en un plazo de tres meses aproximadamente– para empezar a generar hechos concretos. Designar a un procurador titular es una de las deudas del gobierno de Alberto Fernández ya que el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios del Senado necesarios para su nombramiento. Sin embargo, el gobierno podría, según remarcó Pérez Manrique, dar gestos para centralizar toda la información producida a raíz del atentado y convocar a una mesa de trabajo sobre los archivos de inteligencia. Esa convocatoria debería estar a cargo de la Jefatura de Gabinete y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).