ATE presentó un proyecto para que se declare la emergencia tarifaria provincial
La Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE) presentó al Ejecutivo un proyecto de Ley por el que busca establecer como derechos fundamentales y humanos la energía y los servicios públicos.
“Ante la dura situación que atraviesan los trabajadores por el brutal ajuste que implica tarifazos y una fuerte inflación, desde ATE Entre Ríos entregaron al gobierno provincial una iniciativa que busca un régimen de tarifa social para el servicio público de distribución de electricidad y de acceso al agua potable y saneamiento básico”, expresó el secretario general, Oscar Muntes.
Desde esa óptica, acotó que “el Estado provincial deberá proponer y realizar gestiones para que el costo de la tarifa social del servicio públicos de distribución de electricidad sea absorbido por las concesionarias; que el sistema energético nacional desdolarice la tarifa; y que cada una de las partes del sistema energético nacional sea prestado por el Estado nacional, por el Estado provincial o empresas estatales creadas a tal efecto”.
En ese sentido, consignó que el proyecto determina que para aplicar el régimen el Gobierno deberá tener un criterio de inclusión en el beneficio, pero aclaró que para acceder a la tarifa social se tendrán en cuenta las siguientes variables: “Ser jubilado, pensionado o trabajador en relación de dependencia, que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos veces el valor de la canasta básica total hogar tipo 1 Indec; ser trabajador monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el valor de la canasta básica Indec; ser titular de programas sociales y habitacionales provinciales, y otros; estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; estar incorporado en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico; estar percibiendo el seguro de desempleo o aun expirado este no se registrase con alta laboral; ser titular de pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur; contar con el certificado de discapacidad expedido por autoridad competente; o ser beneficiarios de nuevas viviendas sociales o adjudicatarios/as de vivienda única regularización en el marco de emergencia dictada por la legislatura o reconocido su situación de precariedad por el Poder Judicial”.